El pasado año el Gobierno tuvo que realizar varias modificaciones presupuestarias para hacer frente a la inmigración ilegal cada vez más extendida en nuestro país. Estas partidas extraordinarias supusieron un gasto total de 90 millones de euros que se repartieron entre los ministerios de Defensa, Trabajo e Interior, siendo este último uno de los principales beneficiados.

El Ministerio de Defensa realizó el pasado año dos modificaciones de crédito por un importe de 12,3 millones de euros. La primera de ellas (por valor de 9,83 millones) se dedicó a financiar los gastos ocasionados por las operaciones de las Fuerzas Armadas en apoyo de las autoridades civiles para la acogida de inmigrantes. El segundo suplemento de crédito, de 2,5 millones, se dedicó a sufragar gastos relativos al control de flujos de inmigración ilegal.

El grueso de las modificaciones de crédito corrió a cargo del Departamento de Interior, que consignó sendos suplementos de crédito para financiar los gastos derivados de la repatriación de extranjeros a sus país de origen y actuaciones contra la inmigración ilegal, por un importe de 15,78 millones y 31,07 millones, respectivamente.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales llevó a cabo cuatro créditos extraordinarios, entre ellos, uno por importe de 16,52 millones en cumplimiento de un real decreto de octubre para atender a los inmigrantes que llegan a Canarias y a Ceuta y Melilla.

El Ministerio que dirige Jesús Caldera también modificó su presupuesto con cargo al Fondo de Contingencia para financiar la concesión de una subvención extraordinaria a Marruecos para la mejora del control de sus fronteras y luchar contra la emigración ilegal (10,54 millones).

Respecto al traslado de menores extranjeros no acompañados el Gobierno asegura que, hasta el momento, se han trasladado desde Canarias hasta la Península un total de 242 menores de los que llegaron a las Islas el pasado año.

Extremadura encabeza la lista con 50 menores acogidos; le sigue Cataluña, con 40; y Galicia, con 30. Otras regiones que se han hecho cargo de menores son Castilla y León, que ha facilitado 20 plazas; Castilla – La Mancha, con 18; Aragón y Asturias, con 16 menores acogidos por cada una; la Comunidad Valenciana, con 15; Cantabria, con 13; y Baleares, con 10. Melilla y Andalucía quedaron exentas de la solidaridad interterritorial por la especial situación de presión migratoria que sufren. No sucedió lo mismo con Ceuta, que ha acogido a cuatro menores.