Ciutat Vella, donde cuatro de cada diez ciudadanos son inmigrantes, es el único distrito de la ciudad de Barcelona que dispone de un equipo – dos inspectores y dos urbanos – para detectar y clausurar los pisos patera. En los últimos cuatro años, se han abierto expediente administrativo a 94 pensiones ilegales y a 10 locales comerciales que alquilaban camas, según explicó a ABC Gerard Capó, director general del Programa de Prevención de Ciutat Vella. La mayoría de estas viviendas sobreocupadas por inmigrantes no tienen licencia para ser utilizadas como una pensión y, por tanto, son requeridas por la autoridad policial a que cesen inmediatamente su actividad. Este negocio ilegal está encabezado por paquistanís, seguidos a cierta distancia por catalanes y chinos.