Ahora fueron otros líderes comunitarios quienes pidieron a la Administración del presidente George W. Bush que ordene una moratoria inmediata a las redadas y deportaciones de inmigrantes, efectuadas por agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en diversas regiones del país.

En representación de diversas comunidades culturales, los manifestantes convocaron a una marcha de protesta el próximo viernes, afuera del Edificio Federal Ronald Reagan.

“Condenamos las redadas y la política de doble discurso que sólo han llevado intimidación y acoso a los inmigrantes del país”, aseguró Chito Quijano, integrante de Bayan USA, una organización defensora de los derechos de los migrantes filipinos. “No podemos permitir que quieran que sigamos viviendo en la opresión”.

Los manifestantes han acordado una reunión cumbre de líderes comunitarios del país. Se reunirán los días 3 y 4 de febrero en la Universidad Loyola Marymount.

De hecho, ayer revelaron que planean un segundo boicot contra la economía del país, el próximo 1 de mayo, similar a la acontecida después de las masivas marchas y protestas callejeras que inundaron el país, en demanda de una reforma migratoria.

“Al igual que los habitantes de Los Ángeles y Nueva York sufren igualmente las políticas que deshumanizan a los inmigrantes”, aseveró Teresa Gutiérrez, de la Coalición 1 de Mayo, de Nueva York. “Pero tarde o temprano los inmigrantes vencerán de nuevo el terror y el miedo a que han sido sometidos”.

Este mes, líderes hispanos de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste (SVREP) enviaron una carta a los líderes demócratas, Nancy Pelosi, y Harry Reid, a quienes instaron a hacer de la reforma migratoria una prioridad durante los primeros tres meses del nuevo Congreso. La reforma migratoria, sin embargo, ha brillado por su ausencia.

“Una reforma migratoria debería incluir un camino a la residencia legal para 12 millones de indocumentados que ya residen o trabajan en Estados Unidos”, dice Rosa Rosales, de LULAC.

La carta, firmada también por Lilian Rodríguez, de la llamada Hispanic Federation, una coalición de cien grupos comunitarios de Nueva York, se opuso a un “inadecuado” Programa de Trabajadores Huéspedes (PTT), respaldado por el presidente Bush, el cual requeriría a los trabajadores extranjeros que regresen a sus países de origen y propone la construcción de una nueva barda en la frontera con México.

“Como la presidenta ha dicho en numerosas ocasiones, y también los congresistas del Caucus Hispano del Congreso (CHC), apoyamos una reforma migratoria, y vamos a trabajar duro para que se presente este año”, respondió Marcela Salazar, portavoz de Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes, a La Opinión.

Por su parte, Hamid Khan, director ejecutivo de la Red Asiática del Sur, dijo que las redadas de agentes del ICE no sólo han afectado en los últimos años a inmigrantes latinos, sino a los de países como India, Pakistán o Sri Lanka.

“Este asunto tiene una raíz más profunda, y se dirige hacia la criminalización sistemática de las comunidades inmigrantes”, afirmó Khan. “Las redadas muestran la inoperatividad de la burocracia, y el racismo ideológico que se ha impregnado en la Administración Bush”.

El presidente George W. Bush favorece un Programa de Trabajadores Temporales (PTT) y la apertura de un camino de regularización para cierto tipo de indocumentados.

De acuerdo con el plan de Bush, los extranjeros serían contratados únicamente para empleos que no quieran realizar los estadounidenses, y quienes no regresen a sus países al cumplir sus contratos perderían para siempre la oportunidad de solicitar la residencia permanente. Este programa debería basarse en las necesidades del mercado laboral.

“No creemos en el mentiroso de George Bush. Nos mintió de forma hipócrita en su mensaje del estado de la nación”, expresó Javier Rodríguez, de la Coalición 25 de Marzo de Los Ángeles. “Demandamos una moratoria a las redadas y deportaciones de gente que probablemente pueda aspirar en el futuro [a un reajuste de su estado migratorio]”.