Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente a 2006 confirman la vitalidad del mercado laboral español, que ha rebasado la histórica cifra de los veinte millones de trabajadores ocupados y ha reducido el desempleo a un 8,3%, el porcentaje más bajo desde 1979. La bonanza de las estadísticas, que se acercan a los parámetros europeos del pleno empleo, y las óptimas previsiones permiten encarar el futuro inmediato con el sosiego suficiente para que las instituciones competentes traten de corregir las disfunciones –la OCDE recomienda rebajar progresivamente la temporalidad, que rebasa el 33%– y para afrontar las nuevas realidades sociales que emergen de la propia dinámica del mundo laboral. No hay que olvidar que el desempeño de un trabajo constituye no sólo la principal garantía de la subsistencia económica, sino un instrumento muy valioso para la adecuada socialización del individuo.


Según constata la EPA, el 60% de los 687.600 empleos creados a lo largo del pasado año fueron asumidos por ciudadanos inmigrantes, una proporción que viene a coincidir con los nuevos puestos de trabajo ejercidos por mujeres. Aunque el crecimiento en la contratación femenina subraya una tendencia sostenida en el tiempo, ambas cifras superan la consideración de simples indicadores de la evolución económica para convertirse en la referencia de unas circunstancias sociales cambiantes que suscitan demandas, necesidades y problemáticas inusuales hasta la fecha. Los trabajadores extranjeros han dejado de constituir una excepcionalidad para pasar a formar parte del paisaje cotidiano a través de su creciente integración en el mercado laboral. Pero esa misma integración no se afianza con el acceso a un tipo de contratación que, en muchos casos, es de carácter temporal y precario.


Los ciudadanos de otras nacionalidades no sólo contribuyen a engrosar el mercado del trabajo, también consumen bienes y servicios, comparten ambiciones y comienzan a demostrar un espíritu emprendedor paralelo a su progresiva adaptación a la sociedad que los acoge, que redunda en un nuevo escenario de convivencia que requerirá a no muy largo plazo de respuestas apropiadas. Unas respuestas que las instituciones deberán prever con la anticipación de la que han adolecido las políticas sociales y asistenciales ante la emancipación laboral de la mujer. El hecho de que una proporción sustancial de los inmigrantes vea limitado su proyecto vital a empleos de baja cualificación profesional, sin posibilidades reales de progreso, constituye un lastre para un modelo económico condicionado aún por la insuficiencia de la productividad.


En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, esta sigue generando empleo, pero a un ritmo menor que la incorporación de personas al mercado laboral, lo que explica el aumento del último trimestre de 2006.