En apenas unas semanas, los participantes en la ponencia de la Prostitución del Congreso presentarán ya sus conclusiones al Gobierno. Serán las líneas maestras a partir de las cuales el Ejecutivo puede diseñar un plan de acción.

Lourdes Muñoz explica que todos los participantes en la ponencia, que integra asociaciones y partidos políticos diversos, están de acuerdo que «es clave» llevar a cabo un plan para que desde la policía y la justicia se ayude a las mujeres prostituidas antes de declarar.

Según Muñoz, la propuesta se inspira en la experiencia de Italia, que lleva pocos años funcionando pero que ha dado buenos resultados: las mujeres que son rescatadas en redadas a mafias de prostitución son atendidas inmediatamente en casas de acogida, con la asistencia de psicólogos, para estabilizarlas emocionalmente y facilitarles el paso a la denuncia.

Otro importante eje de las propuestas en elaboración es la reinserción.«Hay consenso en torno a la necesidad de darles a las mujeres herramientas útiles para la reinserción, para evitar así que caigan en un círculo vicioso», explica la diputada socialista.

Y es que un importante porcentaje de mujeres dedicadas a la prostitución son inmigrantes y no tienen la documentación en regla, por lo que «su única salida laboral pasa por trabajos clandestinos».A ello se suma la falta de conocimiento del entorno y de los recursos del país, que limita sus posibilidades de escapar de las mafias. «Es esencial tratar a las prostitutas primero como víctimas, garantizar su seguridad, y luego buscar alternativas laborales y prestaciones sociales», resume Muñoz.

Las repercusiones de la reglamentación de la prostitución en un mundo globalizado son enormes. Ante la comisión de la ponencia en el Congreso, la presidenta de la ONG Afesip, Somaly Mam, explicó que los flujos migratorios aumentan hacia los países que regulan el ejercicio de la prostitución, e incluso produce un mayor florecimiento del tráfico sexual.

Desde Jueces por la Democracia, por otra parte, se considera que una propuesta de normalización de este sector, aunque se ejerza de forma consentida, «sería un obstáculo en el avance hacia la materialización de los derechos fundamentales, sería tanto como enquistar un problema en nuestra sociedad» y sería contrario a la obligación de los poderes públicos.