EFE
Falls Church (EEUU)
Varios proyectos de ley presentados al Legislativo de Virginia (EEUU) pretenden evitar que los indocumentados residan en ese estado, limitar sus derechos básicos, penalizar a sus encubridores y mermar la escolaridad.

“Hay más de cincuenta proyectos de ley mal concebidos que en vez de presentar una visión positiva para el futuro de Virginia, son proyectos de ley llenos de rabia”, afirmó Walter Tejada, miembro de la Junta de Gobierno del condado de Arlington.

Uno de los proyectos de ley pretende impedir que los extranjeros indocumentados se radiquen en este estado vecino a Washington D.C,, y requieren prueba de permanencia legal en EEUU a todas las personas que deseen vivir en esta jurisdicción.

“Un extranjero que no está legalmente en los Estados Unidos no podrá establecer domicilio o residencia en el estado”, dice textualmente la propuesta HB 2934.

El proyecto HB 2937 limita el acceso de “ciertos extranjeros” a beneficios públicos e indica que ningún fondo estatal debe ser otorgado a organizaciones religiosas, de caridad, comunitarias o educativas cuyo propósito sea brindar asistencia a personas que de otro modo no podrían obtener determinados beneficios.

Cualquiera que sepa que una persona está ilegalmente en este país y la proteja, transporte o resguarde de detención será acusada de cometer un delito, según el proyecto de ley HB 2622 presentado ante el Legislativo.

Según la abogada Claire Guthrie Gaztañaga en el informe especial que preparó para la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO), el lenguaje del proyecto es vago y se refiere a gente “que tiene razones para creer”, que una persona es indocumentada, lo que puede conducir a informes falsos.

Gaztañaga indicó que actualmente Virginia no tiene un estatuto que obligue a los ciudadanos a denunciar determinados delitos, pero en este caso los habitantes de ese estado podrían convertirse en cómplices por no reportar violaciones de carácter migratorio.

En el campo educativo el proyecto SB 1204, actualmente en el comité de educación del Senado estatal, pretende impedir que jóvenes indocumentados reciban los beneficios de las tarifas estatales de educación superior.

Específicamente prohíbe a las instituciones de educación pública autorizar dichas tarifas a aquellos que no tengan un estatus migratorio definido en EEUU.

El proyecto de ley HB 1961 establece que un indocumentado no es elegible para inscribirse en ninguna institución pública de educación superior en el estado, mientras la HB 2932 pide pruebas de la condición migratoria a los padres para poder inscribir a sus hijos en la escuela primaria.

Según Tejada, estos proyectos “atacan a los niños, que son inocentes de las decisiones que les condujeron a su estatus de inmigración”.

Una propuesta convierte en delincuente a cualquier empleador que no confirme la elegibilidad de sus empleados y otros que pretenden multar, negar y suspender licencias de funcionamiento a los empleadores que contraten indocumentados.

El proyecto HB 1618 le exige al gobernador llegar a un acuerdo con las autoridades federales de Inmigración que le permita al cuerpo de policía del estado actuar como agente migratorio.

El gobernador Tim Kaine ha expresado su rechazo a este tipo de iniciativas, y según Sindy Benavides, enlace hispano de su oficina, el mandatario aseguró que no establecerá “ningún tipo de acuerdo con el Gobierno federal para darle poderes migratorios a la policía estatal”.