El colectivo de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria residentes en Málaga agrupa a más de 5.500 personas, según los datos del Padrón, con lo que no se encuentra ni de lejos entre los inmigrantes más numerosos. Los rumanos censados son 3.400, mientras que los búlgaros ascienden a 2.100.

No obstante, la provincia tiene su peso a nivel nacional, hasta el punto de que la sede de la Asociación de residentes búlgaros en España (Tangra) se encuentra en Marbella. Para Kunka Koleva, su presidenta, la entrada de la UE supone «una enorme oportunidad para las generaciones futuras, un momento celestial y uno de los más importantes de nuestra historia».

Pero no es oro todo lo que reluce. Gerardo Márquez, portavoz de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, comenta que estas personas se debaten entre la alegría de salir de la invisibilidad, y el sentimiento de verse postergados. «Viven en España pero no tienen los mismos derechos», critica. Se refiere a la moratoria que durante dos años bloqueará su libre acceso al mercado laboral y que, a su juicio, provocará más economía sumergida.

Mano de obra barata

«El gobierno sabe que ya están trabajando, y lo único que podemos pensar es que realmente se necesita mano de obra sin papeles en determinados sectores. Los ciudadanos búlgaros y rumanos están abocados a una situación de postergación cuando miles de ellos ya trabajan y viven en Málaga».

Márquez recuerda que hay 1,2 millones de extranjeros en España en situación irregular, y asegura que sigue necesitando una cantidad importante de inmigrantes para salir de su situación demográfica. Al tiempo, se muestra especialmente crítico con los sindicatos por su apoyo a la moratoria. «Diferencian entre trabajadores de primera y de segunda».