El presidente de la República, Alfredo Palacio, ablandó las penas para las personas que promovieren la emigración ilegal al aplicar siete objeciones parciales al Código Penal.

En el veto Palacio propone una reclusión mayor de cuatro a ocho años para quienes por medios ilegales promuevan, faciliten, financien o ayuden a la emigración de personas nacionales o extranjeras desde Ecuador a otros países. El Congreso aprobó un castigo de ocho a doce años.

Igual sanción se establece a los encargados de la protección y custodia de menores. Se incluye a cualquiera que tenga a su cargo menores y que facilite la ejecución del ilícito.

El Ejecutivo recomienda que ante la muerte del emigrante, los culpables tengan prisión de 12 a 16 años y, si hubiera lesiones, de 8 a 12 años. El Congreso puso reclusión mayor especial de 16 a 25 años, en el primer caso.

Según el Ejecutivo, la reducción del castigo se debe a que la muerte de los emigrantes debe equiparársela al homicidio culposo y no al asesinato.

Palacio elimina el proyecto, pues considera que imponer prisión de 3 a 5 años y multa del 50% del monto prestado, a las personas que dan préstamos usurarios para migración ilegal, sería restringir el delito de usura únicamente a este caso, desvaneciendo penas a prestamistas con intereses superiores a los establecidos.

El Congreso tiene 30 días para evacuar el veto, de lo contrario las observaciones del Ejecutivo regirán.