En el año 2050 once de cada cien españoles serán mayores de 65 años, y un 36% de ellos tendrán más de 80 años. La sociedad española envejece a marchas forzadas y este fenómeno es «imposible de neutralizar», como advirtió ayer Margarita Delgado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Sólo el flujo migratorio ha logrado insuflar juventud y esperanza a la pirámide poblacional, y las políticas gubernamentales y empresariales tendrán que ser capaces de dar la posibilidad a la mujer de ser madre sin abandonar su carrera para logar que aumenten los nacimientos. «Como dijo Bill Clinton – citó la investigadora – , ‘una sociedad no es próspera si sus miembros no pueden criar a sus hijos y trabajar, y hacer bien ambas cosas’».

Percepción tergiversada

Todos los ponentes de la mesa redonda sobre Demografía, inmigración y multiculturalidad coincidieron en las bondades que la inmigración ha aportado a la economía española. Rafael Puyol, de la Fundación Instituto de Empresa, cifró esas bondades: las arcas públicas obtuvieron el año pasado un superávit de casi 30 millones de euros de los inmigrantes, que contribuyen más (PIB, cotizaciones sociales, consumo) que gastan (sanidad, educación). El problema, apuntó Puyol, es que el 90% de ese superávit se lo queda el Estado, y las comunidades, que sufragan muchos servicios, sólo perciben un 10%.

Joaquí Arango, director del Centro de Estudios sobre Migraciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset, explicó que la población española tiene una percepción menos favorable de los inmigrantes porque considera, erróneamente, que benefician sólo a las empresas y a las familias de clase media y alta, y perjudican a otros sectores, cuando en realidad son el motor social de la economía española.