Justino Sinova

EL LIDER DEL PP EN CANARIAS SE ENTRENA A FONDO PARA LA CARRERA ELECTORAL. EL CANDIDATO DEL PSOE Y EL ‘CASO TELDE’ NO SE LO PONDRAN FACIL. CON LA REFORMA ESTATUTARIA AUN PENDIENTE, SORIA PLANTEA UNA REFLEXION SOBRE LOS EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA COMPETENCIAL Empecemos con los casos de corrupción que se han descubierto en las Islas. El PSOE dice que son los más graves que han sucedido en España en los últimos tiempos.

José Manuel Soria. – Lo que hicimos, nada más saltar el primero, el caso eólico, fue pedir una Comisión de Investigación en el Parlamento y que yo fuese la primera persona en comparecer. Todavía estoy esperando a que me llamen, a pesar de que ha habido dicha Comisión. Pero también ha habido levantamiento del secreto de sumario y hemos sabido por las distintas escuchas telefónicas que en la trama – montada, en efecto, por un alto cargo del PP al que suspendimos de militancia – participaron relevantes militantes del PSOE, ex consejeros del Gobierno de Jerónimo Saavedra. Yo no he escuchado hasta el momento ninguna petición de responsabilidad. De hecho, el caso eólico ha perdido fuelle en Canarias. Yo creo que porque quienes patrocinaron la investigación no encontraron lo que iban buscando. Pero nosotros queremos llegar hasta el final y nos hemos personado como acusación particular porque los autores de la trama han dañado la imagen del PP.

El caso Faycán es también muy grave, pero los concejales y el alcalde han dimitido, por exigencia del PP, para que corra la lista, y mi sorpresa es que los demás partidos han afianzado a sus representantes implicados en otras causas. Hoy mismo, el día que estamos aquí celebrando este foro, está sentado en el banquillo por prevaricación, con una petición de pena de cárcel de 17 años, el anterior alcalde de Telde, de Coalición Canaria, que hoy es concejal allí y es el próximo candidato de la coalición a este Ayuntamiento. En cuanto al PSOE de Gran Canaria hay un ayuntamiento, el de Teror, cuyo alcalde socialista está imputado por un delito de cobro ilegal de dietas de una empresa pública del Consistorio. Se le acusa de apropiarse indebidamente de cerca de 900.000 euros, y su partido aún no le ha pedido responsabilidades. Yo reconozco la gravedad de los casos, pero lo que pido es que los demás, por lo menos, actúen de una manera similar a como lo ha hecho el PP.

Victoria Prego. – Lo que usted plantea no es sino asumir que en Canarias se vive rodeado de corrupción en todos los partidos, se pidan o no se pidan responsabilidades a los demás.

J. M. S. – No. La gente sabe que se han dado casos de corrupción cierta, con condena firme, y casos de presunta corrupción, que están al nivel de imputación, pero no tengo la impresión de que los canarios crean que la corrupción está generalizada. Lo que hay es distintas varas de medir casos igual de graves.

Casimiro García Abadillo. – ¿Por qué el PP no investigó el caso Telde para tomar medidas antes de que el juez los metiera en la cárcel? El PP ganó en 1996 porque se presentó como un partido que combatía la corrupción, y ahora parece que está haciendo más o menos lo mismo que el PSOE, sobre todo en temas urbanísticos.

J. M. S. – No comparto esa percepción. Entre los supuestos de corrupción que tenemos en Canarias, no hay ninguno vinculado a especulación urbanística, como ocurre en la Península. Lo cual no quiere decir que sean menos graves. Pero, desde luego, el discurso de combatir la corrupción lo estamos llevando nosotros con una iniciativa en la que no veo al PSOE ni a CC. En cuanto a que el partido actúe antes de que se consumen todas las detenciones, estaríamos fulminando uno de los preceptos básicos del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. ¿Qué podíamos hacer? ¿Decirle al alcalde: «Han detenido a una de tus concejales, vete», cuando él nos aseguró que no tenía nada que ver con eso?

Martín Barrero. – Uno de los implicados del PP en Telde, Domingo González Arroyo, sigue ostentando su cargo…

J. M. S. – No hay en los reglamentos del PP una relación causa – efecto entre imputación y suspensión cautelar inmediata. Lo que hay es un comité de derechos y garantías que, ante la gravedad que suscite cada caso, toma la decisión de suspender cautelarmente o no.

Carmen Remírez de Ganuza. – Parece evidente que el candidato socialista Juan Fernando López Aguilar se va a inflar en esta campaña hablando de la corrupción en el PP y que usted va a agitar la cuestión de los cayucos y la inmigración ilegal. ¿Le bastará con esto para romper el discurso del PSOE, o le será inevitable pagar factura electoral?

J. M. S. – Yo no voy a eludir en ningún momento el debate respecto a qué hacer frente a la corrupción. Es más, creo que el candidato socialista, el ministro de Justicia, está manifiestamente desautorizado para hablar de corrupción. Sé que con el paso del tiempo muchos pierden memoria, pero yo me acuerdo muy bien cuando López Aguilar era director general en la etapa probablemente más tenebrosa del Gobierno socialista. Un Gobierno de Felipe González que, cuando tuvo que secuestrar, secuestró; cuando tuvo que robar, robó, y cuando tuvo que matar, mató. Lasa y Zabala, Filesa, Segundo Marey… Ahí están. No recuerdo haberle escuchado nunca ni un reproche, ni una petición de suspensión de militancia, ni una sola palabra de condena a ninguno de sus compañeros – ministro, secretario de Estado, subsecretarios – , que estaban no imputados ni procesados, sino condenados, convictos y confesos. Lo que hacían por entonces es ir a la cárcel a hacer la visita.

Pedro J. Ramírez. – Tampoco le hemos oído criticar la excarcelación anticipada, siendo él ministro de Justicia, del más flagrante ladrón que ha pertenecido nunca a una organización pública. Me estoy refiriendo a Rafael Vera y a la decisión de la Fiscalía de no recurrir la excarcelación de este señor sin haber cumplido siquiera la cuarta parte de la pena.

J. M. S. – O le diría una cosa. Como ministro de Justicia, ¿por qué permitió que el fiscal general del Estado estuviese buscando por toda España a un fiscal que estuviese dispuesto a disminuir la petición de penas a De Juana Chaos, otro de los grandes terroristas que ha habido en este país? Yo creo que la autoridad política, pero también moral, del señor López Aguilar para hablar de corrupción está muy mermada y que, en esto, yo le doy lecciones.

Pedro García Cuartango. – ¿Qué posibilidades tiene López Aguilar, que ha hecho su carrera política en Madrid y que hace ya muchos años que no reside en las Islas.

J. M. S. – El mayor handicap que tiene el candidato socialista no es que lleve tiempo en Madrid, sino que se le ha notado mucho que no quería ir. Ahora bien, yo creo que la mayor vulnerabilidad la tiene precisamente en lo que hablábamos antes. Va a ir como abanderado de la anticorrupción, pero yo no le voy a dejar.

C. R. G. – ¿Qué incidencia va a tener en campaña la falta de acuerdo sobre la reforma del Estatuto? ¿Se ha quedado usted descolgado entre los barones de su partido ahora que el PP está en la fase de pactar todo lo que sea constitucionalmente presentable?

J. M. S. – La razón más importante por la que el PP ha votado en contra del Estatuto es, precisamente, que tiene claros elementos inconstitucionales. Además, es un Estatuto que supone un retroceso para las competencias de los cabildos. En tercer lugar, profundiza en la tremenda injusticia y desproporción que hay en el sistema electoral canario. Si injusta es la ley y el sistema electoral que hay en España, en Canarias rompe todas las barreras. Le voy a dar un solo ejemplo. En las últimas elecciones autonómicas, en el año 2003, la primera fuerza política de Canarias, Coalición Canaria, obtuvo 23 escaños con un 32,5% de los votos. El PP, con el 31% de los votos – 15.000 en términos absolutos – , obtuvo sólo 17 escaños. El mismo número que el PSOE, que sólo recogió el 25%, 50.000 votos menos. En Canarias, la desproporción entre el peso de un votante y otro llega de 1 a 20. Hay islas que con 1.500 votos obtienen un diputado regional y en otras se necesitan 30.000. Pues bien, la reforma consiste en disminuir aún más los topes para atomizar todavía más el Parlamento canario. ¿A quién le beneficia profundizar en el desequilibrio? Al PSOE y a CC. Ante esto, mi partido no puede decir que sí. Y desde luego, en el Congreso de los Diputados vamos a volver a decir que no, a no ser que puedan encauzar todas esas anomalías. En todo caso, la reforma estatutaria no va a tener ninguna influencia en las elecciones, porque no interesa a ningún canario. Es un tema que no interesa nada más que a los políticos.

Vicente Mateu. – Entonces, ¿no aceptará usted una realidad nacional canaria?

J. M. S. – No, afortunadamente ese problema allí no lo tenemos. En Canarias, el nacionalismo no es ideológico como el del PNV o el de CiU, sino, como ellos mismos dicen, mercantilista. Ellos no tienen ningún complejo. Dicen: «Nosotros, con el que esté en Madrid». Como no tienen ese poso ideológico, lo que intentan continuamente en CC es buscar productos artificiales. Y en ese proceso, el artilugio que se ha montado es decir: esto es un archipiélago atlántico. Dentro de lo malo, definir así Canarias es el mal menor. Vamos, yo encantado.

P. J. R. – ¿Y no habría sido más lógico que el PP hubiera adoptado una posición común en todos los debates sobre la reforma estatutaria? Da un poco la sensación de que ha quedado al albur de quién es el que se lo monta mejor con su antagonista. Y que si Javier Arenas consigue llegar a un acuerdo, pues muy bien; si Soria no llega a un acuerdo, pues también. Da la sensación de que el PP no ha fijado un criterio y que se ha ido dejando arrastrar por una política de hechos consumados.

J. M. S. – Para criterios y posiciones heterogéneas, los de otros, porque cada vez que en el PP hay alguna diferencia de enfoque o de planteamiento se suele transmitir como la crisis del final del siglo. Y cada vez que lo mismo, o mucho más grave, ocurre en el PSOE, resulta que se transmite como el debate interno rico, que enriquece a los partidos. Yo creo que la posición ha sido común desde el principio. Me acuerdo muy bien de la primera vez que nos reunió el presidente para hablar sobre lo que Zapatero había puesto sobre la mesa, y la posición no ha cambiado: el PP considera que las reformas de los estatutos no son una prioridad. Ahora bien, puesto que están ahí, sepamos que queremos hacerlo como hasta ahora, con dos condiciones necesarias: consenso entre los dos grandes partidos y, desde luego, ninguna concesión a la inconstitucionalidad. Y a partir de ahí, yo creo que en cada comunidad autónoma se ha ido haciendo aquello que los dirigentes del PP creían más conveniente para dicha comunidad autónoma, dentro de los principios generales fijados por el presidente Rajoy.

V. P. – El riesgo de ser acusados de que no quieren mejoras para la comunidad autónoma, que en algunos dirigentes se ha considerado como una amenaza real, ¿a usted no le afecta?

J. M. S. – Yo no comparto que más competencias para una comunidad autónoma se traduzca en más bienestar. Al contrario, yo creo que en algún momento tendremos que hacer una reflexión en España respecto al resultado global. Después de 15 o 20 años, de cuál está siendo el efecto de la transferencia en materia, por ejemplo, de educación. Y si llegamos a tener la competencia de inmigración, a los subsaharianos no habríamos podido derivarlos a otras comunidades autónomas. ¿Qué hubiese sido hoy de Canarias, con los 30.000 inmigrantes ilegales que han entrado? En cuanto a la población, lo que quiere al final es que las cosas funcionen.

P. G. C. – ¿Está el escenario poselectoral de nuevo abocado a un Gobierno de coalición?

J. M. S. – En número de votos, la primera fuerza política va a ser el PP. Si tenemos un voto más, yo esa noche tomo la iniciativa de formar Gobierno, pero creo que todos los pactos son posibles.

P. J. R. – Como usted acaba de decir que CC siempre estará con el que mande en Madrid, mientras éste sea el PSOE, por mucho que crezca el PP, está condenado a seguir en la oposición en la próxima legislatura…

J. M. S. – En Canarias casi todo es posible. En la época del CDS, en el año 1987, hubo un presidente de Gobierno, Fernando Fernández, hoy en el PP, que lo fue con 13 escaños de los 60. Jerónimo Saavedra obtuvo 23 escaños.

M. B. – ¿Les sería más rentable, como se viene hablando en los últimos años, formar una especie de UPN en Canarias? ¿Cómo está ahora mismo la viabilidad de producirse una fusión entre CC y PP?

J. M. S. – Que el PP se presente con las siglas de otro partido ha sido un instrumento muy útil en unas circunstancias muy determinadas, pero yo no lo veo en ningún otro lado de España, ni muchísimo menos en Canarias. Lo que sí es verdad es que el PP canario – y yo, personalmente – tiene como un objetivo intentar la reunificación política e ideológica de todo el centro – derecha. Si no existiese CC, el PP obtendría resultados como los que tenemos en Murcia, en La Rioja o en Madrid.

Vicente Ferrer. – ¿Por qué se ha producido este nerviosismo en el PP con Ciutadans? ¿Se dan condiciones en Canarias para una formación como ésta?

J. M. S. – No creo que sea un ejemplo extrapolable a ningún otro lado de España y, desde luego, yo no he percibido ningún tipo de nerviosismo en relación a esta plataforma, de cuyo fenómeno yo saco la conclusión de que hay un creciente abismo entre la clase política y la sociedad civil en Cataluña. Y estoy siendo autocrítico.

«Los inmigrantes que se quedan no votan a la izquierda»

Ana del Barrio. – Canarias ha vivido una situación dramática este verano con miles de inmigrantes hacinados en los centros de internamiento.

J. M. S. – Ha sido la mayor tragedia humanitaria que se ha vivido en Canarias. En los últimos 10 años, el promedio de inmigrantes llegados a las costas canarias era de 10 por día. Desde que se produjo la regularización masiva, la media es de 45 por día. El efecto llamada que ha tenido la regularización masiva es más que evidente. Yo recuerdo muy bien cuando al ministro Caldera le comentamos que la regularización masiva que había anunciado de manera tan irresponsable iba a producir este efecto llamada y dijo aquella famosa frase de que los inmigrantes no leían el Boletín Oficial del Estado. Y es verdad: los inmigrantes no, pero quienes controlan las organizaciones que traen a los inmigrantes ya lo creo que sí. Eso fue lo que motivó que las organizaciones criminales pasaran del sistema de transporte de pateras, donde venían entre 10 y 12 personas, al sistema de cayucos, donde vienen entre 90 y 120.

A. D. B. – Se acaba de crear una subcomisión en el Congreso para estudiar una reforma de la Ley de Extranjería. ¿Qué propone el PP?

J. M. S. – En una conferencia sectorial organizada para abordar el tema de la inmigración ilegal, el PP propuso 100 medidas muy concretas. Tiene que haber una reforma de la Ley de Extranjería, donde se diga que no va a haber más regularizaciones masivas. Después, toda una serie de medidas que tienen que ver con el mayor control de fronteras y la mayor dotación de equipamientos a los policías. En Canarias, el componente trágico lo tienen los que vienen en cayuco. Pero ésa no es la más importante en términos cuantitativos, sino la que llega por vía aérea con un visado de tres meses, vencido el cual se quedan irregularmente. Pero ahí sí que puede haber una mayor coordinación de Interior con las compañías aéreas. También hay que empezar a vincular las ayudas al desarrollo a que los gobiernos de los países de origen colaboren. Si no, nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de que cuantos más inmigrantes traen las mafias, más ayuda da el Ejecutivo español a estos gobiernos y éstos al final dicen: «Estamos haciendo el agosto por partida doble».

Pedro J. Ramírez. – De las propuestas del PP, hubo una que nos pareció especialmente adecuada. Y es la de que no se pueda empadronar a alguien en un municipio que no tenga sus papeles en regla. Yo tengo la sensación de que ésa es la vía principal por la que se están creando situaciones de hechos consumados. Las personas que están ilegalmente se empadronan e inmediatamente adquieren derechos como la sanidad o la educación.

J. M. S. – Ésa es una de las medidas contenidas entre las 100 que hemos propuesto. Propiciar un cambio en la Ley de Empadronamiento para evitar ese tipo de situaciones. Es decir, no tiene que ser la situación de empadronado la que dé origen a la legalidad, sino al contrario. La legalidad es la que puede permitirte empadronarte en un Ayuntamiento. Hasta ahora, ha ocurrido al contrario. Hemos propuesto una reforma porque eso está siendo un coladero para que mucha gente que está de manera ilegal se convierta de una manera en regular.

P. J. R. – Ahora sí, si eso se lleva a cabo es indiscutible que tiene que ir acompañado de un mecanismo eficaz de expulsión de esas personas.

J. M. S. – Uno de los pilares básicos de la política de inmigración debe ser intentar poner todo tipo de trabas a la inmigración ilegal. Hace tres semanas, estuve en uno de los centros de retención de Las Palmas, en el de La Isleta. Y estuve allí hablando con un grupo de senegaleses, todos francófonos. Y yo les preguntaba: ¿Ustedes quieren quedarse aquí o irse a Francia? Y me contestaron: «No, no, no, nosotros aquí. Es que si vamos a Francia, al día siguiente nos echan». Esto lo saben ellos, por eso hay que reforzar las expulsiones.

A. D. B. – Tanto rumanos y búlgaros como los 300.000 inmigrantes nacionalizados españoles podrán votar en las elecciones municipales. ¿Qué va a hacer el PP para captar esos votos?

J. M. S. – La izquierda política se equivoca en la percepción que tienen respecto al voto de los inmigrantes. Una de las grandes metas que persigue la izquierda en general, y particularmente el PSOE, es intentar cambiar lo de los papeles para todos por las papeletas para algunos. Sin embargo, tengo la percepción de que los inmigrantes que se integran suelen ser conservadores. Además, los inmigrantes que se quedan tienen poca predisposición a que vengan más, porque piensan que a lo mejor van a tener menos oportunidades. Esos inmigrantes tienen poca predisposición a votar a la izquierda. Si aparte de conservadores fueran liberales, arrasaríamos.

P. J. R. – Pero, en Canarias, ¿se han quedado muchos rumanos y búlgaros?

J. M. S. – No. Ése es un tema que afecta más a la Península. Creo que Zapatero ha planteado la moratoria para la libertad de circulación de los rumanos – que a partir de 2007 van a ser europeos – por la mala conciencia que tiene de lo mal que le ha salido el proceso de regularización masiva. Además debe tener datos de que la mayor parte de esta población no está por votar al PSOE, sino al PP.