SONIA BARRADO

LOGROÑO. Ni racista, ni xenófobo. El PP riojano rechazó ayer estos calificativos dirigidos al Ejecutivo regional del popular Pedro Sanz por la Delegación del Gobierno en La Rioja, que le tachó de ser «el Gobierno autonómico más intolerante y racista de España» tras conocerse que La Rioja perderá más de dos millones de euros para programas de inmigración al no firmar un convenio con el Estado debido a su negativa a acoger inmigrantes llegados a Canarias, un asunto que ha sido recurrido ante la Audiencia Nacional.

«El PP no consentirá insultos porque no somos racistas ni xenófobos, sino responsables con la inmigración», declaró la diputada regional Ana Lourdes González, al tiempo que acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de ejercer «presión y chantaje» a La Rioja en lo referente a política migratoria.

«Es un auténtico chantaje: si estás dispuesto a acoger más irregulares, te doy dinero; si no, te lo quito», resumió González. El PP respaldó al Gobierno riojano en su recurso «porque está haciendo lo correcto» al reclamar los dos millones «que le corresponden y que el Estado le quiere quitar por no rendirse a sus presiones».

«No caben más»

Para la diputada, La Rioja «es un ejemplo de solidaridad e integración gracias al Gobierno del PP» y señaló que en esta Comunidad «no queremos más inmigrantes de los que podemos acoger». «No queremos una sociedad saturada, sino una sociedad con servicios de calidad para todos y que estén garantizados».

Así, afirmó que en esta región «no caben más inmigrantes», una convicción manifestada en diferentes ocasiones tanto por el partido, como por el presidente y Gobierno autonómicos y el alcalde de Logroño, el popular Julio Revuelta, quienes desde hace meses consideran que La Rioja se encuentra «al límite de su capacidad de acogida».

«Hace tiempo que estábamos llegando al límite de nuestras posibilidades de acogida, y el límite ya ha llegado», subrayó ayer la diputada. Según los datos del PP, el pasado julio había más de 36.000 inmigrantes empadronados en La Rioja, que representan «casi el 12 por ciento de la población de La Rioja» y suponen «un incremento del 44% en los últimos dos años». Añadió que de esos 36.000 «más de 11.000 están en situación irregular».

Señaló que la Comunidad autónoma «destina más de 42,5 millones de euros al año a atender a la población inmigrante», por lo que el PP reitera que se necesitan los fondos para inmigración, también por el hecho de que el 80 por ciento de los municipios riojanos tienen una población inferior a los mil habitantes y sus ayuntamientos «no pueden afrontar determinados programas que el Gobierno central les quiere imponer y los tiene que asumir el Ejecutivo riojano».