180 millones de euros. Esta es la cantidad económica que la Conselleria de Sanidad reclamará al Gobierno por vía judicial por la asistencia sanitaria a los extranjeros que viven en la Comunitat. El conseller Rafael Blasco exigió ayer en Madrid que el Estado pague a las autonomías lo que ya ha cobrado de otros países. El Estado español ha ingresado 180 millones de euros de los países de procedencia de los ciudadanos extranjeros que vivían en España entre 2002 y 2004. Sin embargo, estos fondos no han sido repartidos a las comunidades autónomas.

El conseller de Sanidad, Rafael Blasco, anunció ayer en una reunión sobre los Fondos de Cohesión en Madrid que reclamará por vía judicial esta cantidad económica.

Blasco aseguró en un comunicado que su departamento también recurrirá el nuevo Real Decreto que ha modificado la regulación del Fondo de Cohesión, para que se respeten los derechos de cobro facturados por las comunidades.

Según el conseller, estos fondos “no han sido repartidos a las comunidades autónomas, salvo los 90 millones de euros que se han recibido por primera vez por el ejercicio 2005”.

En este sentido, consideró que el Gobierno central “tiene la obligación de compensar el pago del dinero con carácter retroactivo, desde la puesta en marcha en 2002 del nuevo modelo de financiación de las autonomías”.

El recurso contra el nuevo Real Decreto intenta buscar “una solución que pase por la modificación de estos criterios que detenga el perjuicio económico que está suponiendo para el sistema sanitario valenciano”, dijo Blasco.

El Ministerio de Sanidad en cambio, dijo, “ha presentado una propuesta de distribución de fondos para compensar la asistencia a pacientes desplazados extranjeros que sigue sin respetar los derechos de cobro facturados por las autonomías”.

A juicio de Blasco, el impacto de la utilización de este criterio “supone un perjuicio que, en el caso de la Comunitat Valenciana, supera los 10 millones de euros para los años 2004 y 2005, y que aumentará en los ejercicios futuros”.

La Conselleria registra la asistencia sanitaria y el coste en una aplicación informática del Instituto Nacional de la Seguridad Social y es el Gobierno central el que negocia con los países extranjeros la compensación del gasto. Según Blasco, “sólo reparte el dinero que recibe de estos países y la cantidad siempre es inferior o llega con retraso”.

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