GASTEIZ

La situación actual del pueblo gitano es objeto de debate estos días en Gasteiz. La ponencia sobre discriminación y exclusión social del profesor de sociología de la UPV/EHU y director de la investigación realizada por Ikasbide en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Cesar Manzanos, y la mesa redonda sobre el papel de las organizaciones sociales, consiguieron abarrotar en la tarde de ayer la sala principal de palacio de Villasuso.

El primero en tomar la palabra fue Manzanos. Destacó que el pueblo gitano es una minoría cultural y una cultura minorizada «en la búsqueda del reconocimiento de su ciudadanía». Manifestó, en este sentido, que a pesar de que «históricamente» se le ha discriminando definiéndola como una «subcultura de la marginación» e intentando «confundir sus rasgos culturales con estereotipos discriminatorios», es una «cultura con mayúsculas», en continúo proceso de transformación.

Aseguró, asimismo, que a diferencia de otras minorías culturales, la gitana está «asentada». Manzanos explicó que su población representa, aproximadamente, seis de cada mil personas que viven en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Una proporción que, a su entender, se mantiene estable e incluso ha crecido ligeramente desde hace al menos tres décadas, sobre todo en lo que a población infantil y juvenil se refiere.

Reconocimiento de un pueblo

Para este profesor de sociología, el reto no pasa por la integración de las personas gitanas, sino por «cómo conseguir el reconocimiento de este pueblo» por parte de la sociedad mayoritaria y por cómo «demoler las barreras discriminatorias y los prejuicios sociales»hacia el mismo.

Así las cosas, insistió en la necesidad de que las administraciones competentes habiliten partidas presupuestarias para impulsar medidas de promoción del pueblo gitano. Actuaciones que, en opinión de este experto, no sólo han de estar centradas en la existencia de situaciones de marginación y exclusión dentro de dicha comunidad, sino en un sentido más amplio, y sobre todo, «en el reconocimiento de componentes culturales específicos e idiosincrásicos a potenciar».

Manzanos subrayó, por otra parte, la importancia de impulsar políticas sociales y culturales que sustituyan y eliminen progresivamente el recurso actual a «políticas asistencialistas y criminalizadoras», ya que, según indicó, refuerzan una «imagen estigmatizante, irreal y discriminatoria» de las personas gitanas.

A menudo ignorada

Denunció que esta comunidad «está acostumbrada» a que «a menudo se le ignore» a la hora de repartir los recursos y de acceder al «efectivo» ejercicio de los derechos y libertades, o que sólo se le visibilice cuando «hacen falta chivos expiatorios que reflejen la imagen del malo de la película», con el objeto de otorgarle una «identidad desviada, deteriorada». Añadió, no obstante, que el pueblo gitano es consciente de que todos esos estereotipos y prejuicios, «ese racismo hacia él se caen por su propio preso cuando se conoce, se convive y se comparte con las personas gitanas».

Manzanos se refirió al estudio sociológico que él mismo ha dirigido sobre la situación de este colectivo. Una investigación que está a punto de concluirse y cuyos resultados se hagan públicos, posiblemente, antes de que finalice el año.

Señaló que el objetivo de este diagnóstico ha sido «tratar de dar voz» a la comunidad en la definición de su realidad, así como a la hora de plantear diferentes propuestas de actuación. El equipo ha realizado, para ellos, decenas de entrevistas personales a informadores y representantes institucionales, así como a grupos de encuentro con distintos sectores. También han analizado la documentación recopilada mediante entrevistas en casi 600 hogares constituidos por personas gitanas.

Tras la intervención de Cesar Manzanos, dio comienzo una mesa redonda que abordó el papel de las organizaciones sociales frente a la discriminación y contó con la participación de Alberto Ríos, de la asociación gitana Gao Lacho Drom, Iker Larreina, del Consejo de la Juventud de Euskadi, Manuel Vizarraga, vocal de Unión Romaní por Andalucía, y Olga Hurtado, del Movimiento contra la Intolerancia.

Todos los participantes apostaron por seguir trabajando hasta conseguir la «igualdad real», poniendo en marcha actuaciones dirigidas tanto para la ciudadanía en general como al colectivo en cuestión.

Alberto Ríos se centró en la discriminación de las personas gitanas en el contexto judicial y penitenciario. Citó varios casos recogidos por Amnistía Internacional, dos de ellos de la comunidad de Gasteiz. El que más estremeció a los asistentes fue el de un joven, que según el integrante de Gao Lacho Drom, fue golpeado por media docena de funcionarios, por recriminar a uno de ellos, que dio una patada a la correspondencia de su hija.

Su familia ha interpuesto una denuncia en un juzgado Palencia, después de que el juzgado penitenciario de Burgos no constatase la existencia de abuso de poder entre los funcionarios, ni vulneración de los derechos del interno. También tomó imágenes de la paliza, que en la tarde de ayer pudieron verse en el palacio Villasuso de Gasteiz.