LOGROÑO – Los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja han interpuesto
un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional contra la retirada, por parte del Gobierno central, de una
subvención de algo más de 2 millones de euros para inmigración por negarse
el Ejecutivo riojano a acoger a inmigrantes irregulares llegados a
Canarias.
   En 2005, los ejecutivos central y regional firmaron un
protocolo de inmigración, que establecía dicha subvención.
   Sin embargo, en 2006, el Gobierno español puso como condición para repetir
la financiación que la comunidad autónoma acogiese a inmigrantes
irregulares para paliar la saturación de los centros de acogida canarios.
La Rioja se opuso, por lo que el convenio no se prorrogó.
   Ahora, el Gobierno riojano lleva al terreno judicial la decisión
estatal. La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, informó ayer
de la medida y explicó los argumentos riojanos y el proceso previo.