SONIA BARRADO

LOGROÑO. El Gobierno de La Rioja ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la negativa de la Secretaría de Estado de Inmigración a firmar el protocolo en esta materia correspondiente a 2006 y que prorroga el convenio suscrito en 2005 con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Según afirmó ayer la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, este hecho supondrá que no lleguen a la región 2.057.132 euros para el desarrollo de programas de inmigración en las áreas de educación, servicios sociales y empleo, lo que el Ejecutivo del popular Pedro Sanz achaca a su oposición a acoger inmigrantes irregulares procedentes de Canarias.

Loza explicó que el pasado año el Gobierno central y el riojano firmaron el protocolo, que fijaba esa subvención, pero que en el de 2006 se establece, de manera «unilateral» por parte del Estado, la obligación de incluir en el Plan de Acción de La Rioja el programa de acogida para los inmigrantes trasladados a la Península desde las Islas Canarias. La Comunidad se negó, motivo por el que esgrime no haber recibido la cuantía, una decisión que ahora se ha decidido dirimir en los tribunales.

«Presión sin precedentes»

Loza señaló que esa obligación es nueva para las regiones y que no está recogida ni en el convenio de 2005 ni en el marco de cooperación, además de contravenir lo dispuesto en el acuerdo, así como las actuaciones y obligaciones que debe asumir el Gobierno riojano.

Afirmó que esa cláusula de atender inmigrantes llegados a Canarias provocaría que La Rioja tuviera que asumir competencias que «corresponden al Ministerio del Interior, ya que hablamos de personas que están en situación ilegal». La consejera lamentó la actitud del Gobierno y consideró que se trata de una «presión sin precedentes para forzar a La Rioja a una situación de acogida de inmigrantes ilegales con la que el Gobierno riojano no está de acuerdo».