MADRID
La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, anunció ayer que su Grupo Parlamentario en el Congreso presentará un proposición de ley con medidas urgentes sobre inmigración que, entre otros aspectos, propone desvincular el acceso de los inmigrantes a «derechos básicos» de su inscripción en el padrón.

Pastor explicó, en el marco de los desayunos de prensa organizados por Nueva Economía Forum, que estas medidas pretenden hacer frente a la política de inmigración emprendida por el Gobierno socialista, con propuestas como la prohibición de las regularizaciones masivas y la reforma de la Ley de Extranjería.

Preguntada por los periodistas, precisó que su partido no pretende dejar de atender a los inmigrantes irregulares, si bien exigió que no se vincule el acceso a los servicios a su inscripción en el padrón de los municipios. Esto, apuntó, «no ocurre en ningún país de Europa».

Pastor aseguró que «España es un país solidario y humano», y reivindicó para su propio partido el mérito de haber hecho del acceso de los inmigrantes a la educación y la sanidad un derecho. Recordó que el Gobierno del PP recogió dicho acceso en la Ley de Extranjería. No obstante, advirtió que «el padrón y la legalidad son dos herramientas diferentes que no se deben mezclar», insistió.

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine) se mostró contraria a la iniciativa del PP. Su secretario general, Efraín Pardo, indicó que esta propuesta supone «recortar» los derechos del colectivo de los extranjeros y señaló la necesidad de garantizar a este colectivo el «ejercicio pleno» de la ciudadanía.

Entretanto, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, anunció ayer que al menos 20 menores extranjeros no acompañados serán derivados esta semana de Canarias a la Península, concretamente a Extremadura. Rumí declaró que la próxima semana serán trasladados «algunos más», que se suman a los 109 menores que ya han abandonado Canarias desde el 5 de octubre.

El número de cayucos llegados a Canarias hasta agosto fue de 365, 266 más que el registrado en todo el año 2005, según datos aportados por el Gobierno al PP en el Congreso.