Firma: López Penide | Lugar: pontevedra

La Fiscalía de Pontevedra imputa a un vecino de esta ciudad, C.F.B., de 32 años, un delito contra el ejercicio de los los derechos fundamentales por incitación a la discriminación, al odio o la violencia por motivos racistas, antisemitas o de carácter ideológico, así como un segundo delito relacionado con la negación del Holocausto que costó la vida a millones de judíos.


Por el primero de los cargos, comprendido en el artículo 510 del Código Penal español, la fiscalía solicita dos años de prisión, mientras que por el segundo, reflejado en el 607 de este articulado, año y medio.


La detención del pontevedrés fue llevada a cabo el pasado mayo por agentes de la Unidad Central de Investigación de la Guardia Civil desplazados ex profeso desde Madrid. Fueron varios meses de investigación los que llevaron a los encargados del caso a considerar al sospechoso máximo responsable de la web de Resistencia Aria, en la que, hasta su clausura, se podían encontrar todo tipo de artículos dedicados a resaltar los valores del nazismo y, al mismo tiempo, atacar a otras etnias y rechazar la existencia del genocidio llevado a cabo por el régimen nazi.


En este sentido, muchos juristas y colectivos sociales consultados se mostraron convencidos de que este caso sentará un precedente. Y es que, si hasta ahora las fuerzas policiales y los jueces españoles habían actuado contra grupos, sobre todo de cabezas rapadas, y propietarios de negocios desde los que se distribuía propaganda y publicaciones que, entre otros objetivos, buscaban la exaltación al odio racial, con esta actuación se trata de conseguir que Internet no sea un espacio de impunidad para este tipo de conductas.


Los mismos expertos indicaron que uno de los principales problemas con los que se puede encontrar el ministerio público es el hecho de que la web de Resistencia Aria se encontraba alojada en un servidor extranjero, posiblemente estadounidense. Todo parece indicar que este servidor, a su vez, está ubicado en un estado en el que este tipo de contenidos presumiblemente no constituyen delito.


Esta circunstancia no escapó tampoco a los responsables de la web, que antes de darla de baja reconocían que, «desgraciadamente, la libertad de expresión que de momento disfrutamos los NS [nacionalsocialistas] también tiene un precio. Evitar las leyes de censura […] en España ha hecho que tengamos que alojar esta web en un servidor norteamericano».