ANA DEL BARRIO

El Gobierno quiere evitar seguir el ejemplo del Reino Unido, que recibió 600.000 europeos del Este por no imponer moratoria Del fontanero polaco hemos dado el salto al albañil rumano. Si hace dos años se desató el temor a una oleada de ciudadanos de los 10 nuevos estados miembros de la UE, ahora vuelve el miedo ante la posible avalancha de rumanos y búlgaros.

Daniel Cazan es uno de los 800.000 rumanos que ha llegado a España en los últimos tiempos entrando en autobuses por los Pirineos. Los Reyes Magos no le traerán este año el regalo deseado: los soñados papeles. Tendrá que esperar otros dos años más, tras la moratoria impuesta por el Gobierno a la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros.

Cazan llegó a España en 2004, a tiempo de alcanzar la regularización de inmigrantes. Sin embargo, no pudo conseguir los permisos porque ningún empresario le quiso hacer un contrato: «Trabajo en la construcción como casi todos los rumanos, pero las constructoras sólo quieren trabajar con gente sin papeles», se lamenta. Ahora, este joven de 28 años estudia trasladarse a algún otro país europeo que no les aplique un periodo transitorio.

«En Irlanda, pueblos enteros se convirtieron en pueblos polacos. De 10.000 habitantes, 4.000 eran de Polonia», asegura Piotr, un inmigrante polaco que lleva 16 años residiendo en España.

Tal vez por este motivo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido imponer la moratoria. Ni Irlanda ni el Reino Unido establecieron un periodo transitorio en la anterior ampliación de la UE y, al final, acabaron lamentándolo. La mayoría de los nuevos ciudadanos europeos se dirigieron a estos dos países, primero porque permitieron la libre circulación y, segundo, porque son más cercanos geográfica y lingüísticamente. En los dos últimos años, Gran Bretaña ha recibido a 600.000 trabajadores del Este y España se libró entonces de una llegada masiva.

El tercer colectivo

La situación es ahora bien diferente, porque la ruta de emigración de rumanos y búlgaros se dirige irremediablemente hacia España. Los rumanos se han convertido en el tercer colectivo de inmigrantes más numeroso en nuestro país y su población se ha multiplicado por 12 en tan sólo seis años.

Paradójicamente, mientras miles de rumanos emigran a España, cientos de chinos, ucranianos y moldavos se instalan en Rumanía ante la escasez de mano de obra en este país.

¿Es posible una avalancha aún mayor tras el 1 de enero de 2007, fecha de su ingreso en la UE? En palabras del portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, la respuesta es negativa: «Todo el que quería entrar en España lo ha hecho ya, porque nuestras fronteras son muy permeables».

Gavilán critica la moratoria establecida por el Gobierno y culpa de esta situación a la regularización extraordinaria de inmigrantes, puesta en marcha por el Ejecutivo en 2005: «Este proceso ha colapsado el mercado y ahora no hay trabajo para los europeos. La moratoria es un parche porque se han dado cuenta de que el mercado está sobresaturado de mano de obra, debido a la regularización. Por tanto, le ha sido más fácil legalizarse a un inmigrante que ha saltado la valla de Ceuta y Melilla, que ahora a un europeo».

Lo cierto es que a pesar de las críticas de la CEP y de las asociaciones de inmigrantes, tanto el Gobierno como la patronal y los sindicatos CCOO y UGT se mostraron de acuerdo en imponer un periodo transitorio: «Creemos que podrían producirse movimientos migratorios importantes que podrían causar un desequilibrio en el mercado de trabajo», manifestó el secretario confederal de Migraciones de CCOO, Julio Ruiz.

Si los rumanos han arribado masivamente a nuestro país es porque encuentran trabajo legal o en la economía sumergida. Si no que se lo pregunten a Nicoleta Brezeanu, de 22 años, que llegó a España un sábado de octubre de 2004 y al día siguiente ya tenía un empleo. «En pocas horas tuve que aprender a decir cómo me llamaba, los números y los días de la semana», relata esta inmigrante, instalada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

Nicoleta era diplomada en contabilidad en su país y ahora trabaja, como muchas otras compatriotas, limpiando por horas en varias casas. Va de decepción en decepción. Primero pensó que iba a conseguir los papeles en la regularización, pero llegó tarde y no reunía el requisito de estar empadronada antes del 8 de agosto. Luego creyó que ésta sí que era la definitiva y que lograría convertirse en legal en enero de 2007, pero su sueño se le volvió a escapar.

Ahora tendrá que esperar otros dos años más antes de lograr los ansiados permisos. «Espero que cambien las cosas y se nos permita conseguir los papeles. El Gobierno nos tiene que ayudar y ser más indulgente con nosotros. Por lo menos podré viajar a mi país sin que me pase nada, aunque prefería poder tener los papeles», se lamenta Nicoleta.