“No podemos hablar de una sociedad cohesionada cuando una parte no decide”

Ghassan Saliba Zeghondi (Byblos, Líbano, 1957), secretario de Inmigración de CCOO de Cataluña, participó el jueves en San Sebastián en unas jornadas internacionales sobre inmigración organizadas por el Gobierno.

Pregunta. ¿Qué política de inmigración precisa España?

Respuesta. Hay que elaborar una política integral que tenga en cuenta la contratación en origen de los trabajadores emigrantes y su integración en España.

P. ¿Y el modelo actual de contratación en origen?

R. No funciona. Un empresario debe esperar casi un año de trámites hasta que el trabajador llega. Es preciso un sistema más ágil. Para eso es necesario dotar de recursos a las oficinas de extranjería de aquí y a las embajadas españolas, porque si no queda todo colapsado y la gente viene por otras vías. La mayoría llega de turista, se queda y trabaja en la economía sumergida hasta que hay un proceso extraordinario de regularización.

P. ¿Cómo puede combatirse esa economía sumergida?

R. Con más recursos para realizar inspecciones de trabajo y más multas a los empresarios. En estos casos, hay que considerar al trabajador como víctima e intentar regularizarle.

P. Aunque se agilizase la contratación en origen, seguiría habiendo inmigrantes en situación irregular. ¿Qué solución cree que hay que ofrecerles?

R. Seguirá entrando gente por otras vías. Y además, en una economía de alta temporalidad, personas que ya están aquí y tienen permiso de residencia pueden caer en la irregularidad si cuando van a renovarlo no tienen un contrato. Se ha demostrado que las expulsiones no son la solución. El reglamento de Extranjería debería abrir vías estables para que puedan ir regularizando su situación sin recurrir a procesos extraordinarios. De otra forma, estaremos ante un discurso demagógico.

P. Luego está la integración.

R. Es precisa una política de integración clara. El Gobierno central lleva dos años elaborando un plan estratégico, pero todavía no lo ha aprobado. Las comunidades autónomas están más avanzadas. Cataluña y Euskadi, por ejemplo, ya tienen planes de integración, que definen qué tiene que hacer la Administración en temas como la acogida, el conocimiento del entorno y el idioma, el acceso a los servicios públicos y la participación.

P. ¿En qué tiene que traducirse esa participación?

R. Los inmigrantes extracomunitarios tienen derecho a participar en terrenos de la sociedad civil como los sindicatos, las asociaciones vecinales y las asociaciones de padres y madres de alumnos. Hace falta fomentar y facilitar su participación. En cambio, no tienen derecho a la participación política.

P. ¿Hay que impulsar su derecho a participar, al menos en las elecciones municipales?

R. Sí, tanto el derecho a votar como a ser candidatos de los inmigrantes residentes. No podemos hablar de una sociedad cohesionada cuando una parte de la población, que comparte espacio y obligaciones, no comparte el derecho a decidir los asuntos que afectan a toda la gente de ese espacio, pero el discurso político no está todavía maduro.