Senegal se ha convertido en uno de los principales orígenes de la emigración que llega a España. Los residentes de esta nacionalidad en nuestro país son más de 30.000 y el flujo de entrada ilegal no cesa. Son senegaleses también la mayoría de los cayucos que hoy alcanzan las islas Canarias, así como 3.500 de los 5.800 extranjeros retenidos en los centros de internamiento. ¿Qué empuja a los senegaleses a lanzarse en frágiles cayucos a una desesperada travesía de casi dos mil kilómetros?

Las causas son muy diversas, pero una de las más frecuentes se trasluce en la respuesta que los emigrantes dan a los servicios de acogida cuando son interrogados acerca de su profesión, pues muchos responden lo mismo: que son pescadores.

Senegal y también la vecina Mauritania viven de la pesca. Gracias a las generosas aguas que bañan sus costas, la pesca representa la mitad de sus exportaciones y da trabajo a un diez por ciento de la población. Sin embargo, la situación está cambiando rápidamente. En los años noventa, las flotas internacionales agotaron sus caladeros tradicionales y perdieron el derecho a pescar en muchos mares foráneos, lo que llevó a los armadores europeos a aumentar su presencia en estas aguas africanas. El desembarco fue masivo y pronto acabó con el maná.

Tanto el Banco Mundial como la FAO han admitido que los caladeros de África noroccidental no dan abasto. Especies tan apreciadas por el mercado español como el pulpo y la langosta ya no son rentables y, en muchos casos, las capturas no son hoy ni una décima parte de lo que fueron en los años ochenta. Pero la Unión Europea no sólo envía allí sus barcos, sino que también es el destino de un 60% de los productos pesqueros de la región, por lo que los importadores europeos regulan en buena medida los precios y dirigen la presión extractiva hacia sus especies preferidas: unas especies que no siempre son abundantes o cuya pesca es ecológicamente insostenible.

Todo ello ha conducido a un expolio de los recursos marinos que está dejando fuera de juego a la pesca artesanal. Entre 1996 y 2001, por ejemplo, dos terceras partes de los pescadores mauritanos de pulpo perdieron su empleo debido a la abrupta disminución de esta especie causada por la sobrepesca. La convulsión producida por los cambios no es fácil de asimilar en países que carecen de alternativas laborales y en los que un 45% de la población no supera los 16 años y la demanda de más empleo es desbordante. Para agravar aún más la situación, con la sobreexplotación el precio del pescado se ha vuelto inasequible para las clases más humildes, lo que es crítico en un país en el que este producto representa el 75% de la ingesta de proteína. Y lo peor es que todo esto no es un secreto.

Tanto los organismos públicos como los especialistas en la materia reconocen que los acuerdos pesqueros, negociados con ventaja por los países desarrollados, han sido globalmente negativos para estos países africanos. Un informe encargado por el Parlamento Europeo en 1997 ya alertaba de que “no contribuían en nada a la cooperación”, sino que, muy al contrario, conducían a “la migración forzada de los trabajadores de la pesca”. España es el principal beneficiario de los acuerdos de la Unión Europea con Mauritania y Senegal y, por ello, tiene en sus manos una de las claves de la solución. La tragedia de los cayucos, que un día pescaron y que hoy viajan hacia las Canarias cargados de sin papeles, se tiene que resolver en el puerto de origen, no en el de llegada.

ÀLEX AGUILAR, profesor del departamento de Biología Animal, Universitat de Barcelona (UB)