El presidente Bush acaba de firmar finalmente la ley que permite levantar un muro sobre un tercio del total de la larguísima frontera entre los Estados Unidos y México en un intento, con toda probabilidad vano, de frenar la entrada de ilegales desde el vecino del sur. Pero si hay un consenso entre los especialistas sobre la inutilidad de literalmente «poner puertas al campo» incluso erigiendo una barrera que reúne los medios materiales clásicos con otros de vigilancia electrónica y sofisticada observación desde el aire, también la hay sobre la necesidad política que, en definitiva, impulsó al partido republicano a legislar así. Y es que, en realidad, la gran valla 1.126 kilómetros es una solución de compromiso, una especie de empate técnico entre las posiciones mas radicales y las más liberales.

El calendario crudamente preelectoral cuando se abrió el debate del muro también explica en buena medida la decisión; Bush, en caso de hacer algo, no tenía más remedio que abordarlo antes de las legislativas del 7 de noviembre. Y aunque el presidente siempre ha sido partidario de una reforma integral de las leyes de inmigración, la proximidad de las elecciones ha hecho que no tuviese más remedio que hacerlo con un tono de severidad grato a los oídos de los republicanos más conservadores, molestos con él por el rumbo de la guerra en Irak, la falta de austeridad fiscal y, especialmente en este caso, con el incesante flujo de inmigrantes indocumentados, cerca de 450.000 al año.