EL presidente Bush acaba de firmar finalmente la ley que permite levantar un muro sobre un tercio del total de la larguísima frontera entre los Estados Unidos y México en un intento de frenar la entrada de ilegales. Pero si hay un consenso entre los especialistas sobre la inutilidad de literalmente ‘poner puertas al campo’ incluso erigiendo una barrera que reúne los medios materiales clásicos con otros de vigilancia electrónica y sofisticada observación desde el aire, también la hay sobre la necesidad política que, en definitiva, impulsó al partido republicano a legislar así. Y es que, en realidad, la gran valla – 1.126 kilómetros – es una solución de compromiso, una especie de empate técnico entre las posiciones mas radicales y las más liberales.

El propio Bush se situó en ese debate en un centro realista que intentó, con no mucho éxito, insertar el gran problema de la inmigración ilegal en un contexto mucho más amplio. Así sus pretensiones iniciales pasaban, sobre todo, por un programa de regularizaciones selectivas, periodos de prueba y controles compatibles con la verdad, universalmente admitida, de que son imparables los grandes flujos migratorios y de que el proceso no será resuelto con obstáculos físicos. Muestra de lo cual es el hecho de que en el acto de la solemne firma en la Casa Blanca, el presidente reiteró de modo tácito esa convicción suya, recordando incluso que un conflicto «olvidado por todas las Administraciones durante décadas», debería ser abordado desde una perspectiva multidisciplinar que incluyese contratos legales ofrecidos a cuotas negociadas, además de dar una posibilidad de normalización a los ‘sin papeles’, que se calculan en torno a los 11 millones de personas.

El calendario crudamente preelectoral cuando se abrió el debate del muro también explica en buena medida la decisión; Bush, en caso de hacer algo, no tenía más remedio que abordarlo antes de las legislativas del 7 de noviembre. Y aunque el presidente siempre ha sido partidario de una reforma integral de las leyes de inmigración, la proximidad de las elecciones ha hecho que no tuviese más remedio que hacerlo con un tono de severidad grato a los oídos de los republicanos más conservadores, molestos con él por el rumbo de la guerra en Irak, la falta de austeridad fiscal y, especialmente en este caso, con el incesante flujo de inmigrantes indocumentados, cerca de 450.000 al año.