JOSEP Borrell, Presidente del Parlamento Europeo

Lahti, donde el Consejo Europeo ha debatido sobre energía, innovación e inmigración, con Putin como invitado, está a 120 kilómetros de Tampere. Allí, durante la anterior presidencia finlandesa, la UE puso en marcha la política común de inmigración. La cuestión es hoy mucho más importante que hace siete años. Pero, desde el punto de vista de los resultados, Lahti está muy lejos de Tampere.
Algo se ha progresado en la lucha contra la inmigración ilegal. Pero la principal directiva que regula la política de retorno está en la mesa del Consejo desde hace más de un año sin llegar a un acuerdo. Y el Parlamento Europeo (PE) duda de que la UE deba contribuir a financiar el retorno de inmigrantes si no hay una política europea al respecto. La agencia Frontex ilustra bien la divergencia entre las expectativas y la realidad. Para ser operativa, necesita que los gobiernos le proporcionen los medios necesarios. Y las situaciones de emergencia, como las de este verano en la fachada suroeste de Europa, han demostrado los límites de la solidaridad voluntaria.
Hasta ahora la UE ha alcanzado solo cinco acuerdos de readmisión, el más importante con Rusia, pero ninguno con el África subsahariana. El acuerdo de Cotonú prevé la obligación de que los países que reciben ayuda para el desarrollo readmitan a los inmigrantes, pero nunca se ha aplicado. En su lugar, los países europeos actúan por su cuenta, llegando a acuerdos que ofrecen contrapartidas, como Francia y España con Senegal. Pero la UE no ofrece nada a sus interlocutores africanos.
La situación es peor en inmigración legal, donde la unanimidad bloquea la toma de decisiones. La principal directiva propuesta por la Comisión sobre las condiciones de entrada y estancia a efectos de empleo ha sido retirada ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Se dice que será sustituida por un plan de acción y una serie de directivas sectoriales, pero… muy largo me lo fiáis si el acuerdo debe ser unánime.
Se da la paradoja de que los países que más dificultan la adopción de una política común de emigración, atrincherados tras la regla de la unanimidad, son los que más reprochan a otros países sus políticas nacionales. Algunos justifican su resistencia a abandonar la unanimidad en que ello significaría anticipar aspectos del Tratado Constitucional. Pero los tratados actuales ya prevén pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada. No es un problema jurídico, sino de falta de voluntad política del Consejo.
Esa falta de voluntad política se refleja también en las decisiones no aplicadas. Por ejemplo, la directiva sobre el estatuto de los refugiados, adoptada en el 2004, que tenía que aplicarse este octubre, sólo ha sido adoptada por seis estados. La directiva sobre la libre circulación y residencia de los ciudadanos europeos y de sus familias, importante para el reagrupamiento familiar, debía entrar en vigor en abril pasado, pero sólo 13 estados la han adoptado.

ANTE ESTA situación, hicieron muy bien algunos países, entre ellos España, de señalar en Lahti la urgencia de una política europea de inmigración que el PE viene pidiendo reiteradamente. La inmigración en la UE no hará sino aumentar mientras no se corrijan los dos desequilibrios que la impulsan: el demográfico y el del desarrollo. Y sabemos que la frontera más desigual del mundo es la de África y Europa.
Sabemos también que el bache demográfico europeo solo podrá cubrirse a medio plazo mediante la inmigración. La reciente comunicación de la Comisión sobre el envejecimiento nos dice que, en el 2050, la carga de los mayores de 65 años para la población activa se habrá duplicado. Y que, para mantener constante la fuerza de trabajo, se estiman necesarios 20 millones de inmigrantes hasta el 2020. Por eso son tan importantes las políticas de integración laboral, cultural y social de los inmigrantes.
El desarrollo de la campaña electoral catalana bien lo demuestra, pero algunos remedios pueden ser peor que la enfermedad. Esas elecciones demuestran también que personas que proceden de la inmigración pueden aspirar a las más altas responsabilidades políticas, porque pueden ser representativas de las virtudes que tipifican una identidad, independientemente del lugar de su nacimiento. Las identidades se forjan y se eligen a través de la práctica social, no se nace con ellas a cuestas.

SABEMOS también que la inmigración afecta de lleno a las políticas sociales y laborales. No habría inmigración clandestina si no hubiera una oferta de trabajo ilegal que beneficia a demasiados intereses. Ese trabajo ilegal modera los salarios y extiende la explotación y la marginación, como el comisario Frattini denunció con vehemencia en el pleno del PE antes de la reunión de Lathi. Propuso armonizar las sanciones contra los empleadores que dan trabajo a sin papeles, pero es muy dudoso que el Consejo apoye esta iniciativa.
Puestos a premiar y a penalizar para conseguir la integración de los inmigrantes, no estaría de más que se pensase también en un carnet por puntos para los explotadores de la mano de obra en condiciones de residencia ilegal, cuya clandestinidad la hace muy vulnerable e imposible de integrar socialmente. La inmigración, como todo fenómeno social, debe ser encauzada y controlada. La cuestión es si los europeos lo haremos en la desunión y la rivalidad o cooperando. Pero si la UE no responde al problema de la inmigración, muchos dudarán de la utilidad de reuniones como las de Tampere o Lahti.