Javier Gómez

parís – Francia descuenta con incertidumbre las noches que restan para que
se ponga el sol mañana, viernes 27. En ese momento se cumplirá un año de
la revuelta de los suburbios. Una pregunta subyace como inquietante fondo
de escena a los miles de reportajes televisivos, declaraciones políticas y
discusiones de bar sobre aquel fatídico mes de 2005 que polarizan la
atención del país: ¿volverán a arder las barriadas? La violencia
nihilista, sin mensaje ni reivindicación alguna, de los miles de jóvenes
que, pasamontañas en ristre, decidieron arrasar sus propios barrios y
enfrentarse a la Policía hace impredecible la respuesta. Pero las brasas
de pobreza, delincuencia y marginación social que prendieron hace doce
meses el mapa francés siguen candentes.
La política de chequera
que ha llevado a cabo el Gobierno, con 100 millones de euros invertidos en
la renovación urbana de las «banlieues», auténticos desiertos de cemento
en las periferias de las grandes ciudades, donde se concentran miseria,
desempleo, fracaso escolar, inmigración, criminalidad y ausencia de
infraestructuras y servicios, no ha ofrecido resultados.
La
normalidad no existe
En Francia siguen existiendo más de 600 de
estas «villas miseria», en las que se concentran 1,8 millones de personas.
Para todos ellos, la vida es cada día un poco más difícil. Las compañías
de seguros han aumentado las tarifas a quienes viven en estas zonas por la
posibilidad de que su casa o su coche terminen hechos ceniza. La
normalidad no existe. Un mes sin disturbios, como septiembre, vio arder
3.238 coches. Una marcha de asociaciones entregó ayer, en la Asamblea
Nacional, una lista de quejas firmadas por miles de ciudadanos a propósito
de la degradación social de las periferias.
En muchas de estas
colonias, la Policía sólo entra de patrulla y con refuerzos. El odio
contra todo lo que represente al Estado es tal que hasta carteros,
bomberos y funcionarios municipales son atacados. Las agresiones contra
las fuerzas del orden (24.700) aumentaron un 9,78 % el último año, una
cifra similar al crecimiento de las violencias gratuitas contra los
ciudadanos (9,35 %).
Agresores de 13 años
Las últimas semanas han sido un aviso de que la bomba de relojería
podría volver a estallar en cualquier momento. Varios policías resultaron
heridos en varias emboscadas tendidas por grupos de jóvenes en varios
barrios difíciles de la periferia de París, como Mureaux, Aulnay o
Corbeil – Essonnes. Chavales de en torno a 15 años sin problemas para
linchar con bates de béisbol o patear la cara de un agente.
El
domingo, en Grigny, cerca de la capital, un grupo de vándalos incendió un
autobús a plena luz del día, casi sin dejar tiempo a los pasajeros para
abandonarlo. «Tuvimos suerte de salir vivos. Fue un milagro. Si llega a
haber algún pasajero disminuido o con dificultades para salir del
vehículo, hoy estaría muerto sin duda», relató el conductor. Las
investigaciones han permitido detener y procesar a dos de los autores del
atentado. Uno de ellos tiene 13 años. «La mayoría de las condiciones que
llevaron, hace un año, al estallido de violencia colectiva en una gran
parte del territorio siguen estando presentes», constata un informe
policial desvelado por el diario «Le Figaro».
El propio
primer ministro, Dominique de Villepin, puso sus barbas a remojar al
asegurar que «hay que permanecer lúcidos y vigilantes, porque existe la
posibilidad de que la situación empeore y haya incidentes». El Partido
Socialista no ha dudado en utilizar la cuestión de las barriadas como
argumento electoral. «La nueva degradación de la situación en los
suburbios es responsabilidad entera del Gobierno, porque no ha cambiado
nada desde octubre de 2005», arponeó.
El Gobierno ha
multiplicado la vigilancia y reforzado el arsenal judicial contra los
implicados en este tipo de agresiones. Quienes atenten contra la
integridad física de policías, gendarmes o bomberos podrán ser castigados
con hasta 15 años de reclusión. Sin embargo, desde las asociaciones y la
izquierda se alzan críticas contra la actuación policial en estas zonas.
Hasta el primer ministro reconoció esta semana que comprende que los
jóvenes de las «banlieues» se sientan «acosados» sin motivo por los
continuos controles de identificación de la fuerzas del orden.
La versión, pronunciada por los interesados, toma un acento más
agresivo. Sélim, un joven del
barrio de Mureaux, considera que
el aumento de las condenas contra quienes ataquen a las fuerzas del orden
es una «declaración de
guerra» del enemigo «número uno» en
cualquiera de las barriadas francesas: el ministro del Interior, Nicolas
Sarkozy, culpable de haber tratado de «escoria» a los responsables de los
altercados. «Los polis nos machacan y no les pasa nada. Pero si les
tocamos un pelo del uniforme, nos mandan entre rejas para siempre. No
dejaremos que nos humillen así. Si los policías respetasen a la gente de
los suburbios, estarían mejor vistos», avisa Sélim.
La mayoría silenciosa, humilde y trabajadora que vive en las
«banlieues» pocas veces es escuchada. Salima tiene 33 años, es francesa de
origen argelino y vive en Epinay sur Seine, una de las localidades más
peligrosas del extrarradio parisiense. Una banda usó su automóvil hace dos
semanas como barricada contra la Policía: «Yo me gano el pan con mi coche.
A las seis de la mañana, aquí no hay autobuses que me lleven al trabajo.
Ya he perdido un día de salario y todo por esos niñatos inconscientes. La
Policía en Francia es demasiado tolerante».
A las puertas
de las presidenciales, el clima empieza a recordar al hinchado debate
sobre la inseguridad que precedió a los comicios de 2002. Aquel «incendio
mediático» fue una alfombra roja para la extrema derecha y facilitó la
presencia de Jean Marie Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones. El
Frente Nacional ya se frota las manos ante la posibilidad de que las
llamas vuelvan a prender en los suburbios franceses.