Según datos del Ministerio de Trabajo, el 5,79% de los ciudadanos que perciben en España la prestación por desempleo son inmigrantes. La cifra – que ronda las 80.000 personas – se ha duplicado prácticamente desde 2004 y es muy probable que continúe creciendo en los próximos años. Como bien han dicho los sindicatos, el dato no hace sino reflejar la contribución de los inmigrantes a la economía española. Con un número cada vez mayor de extranjeros cotizando a la Seguridad Social, es lógico que sean cada vez más los que reciban prestaciones de ella. Eso sí, la inspección debe investigar a fondo si – como denuncia el PP – este importante aumento es fruto en parte de un fraude generalizado propiciado por la regularización del año pasado. Pero más allá de este aspecto, el Gobierno debería meditar sobre lo que puede ocurrir si cambia súbitamente el ciclo económico y se dispara el número de inmigrantes en paro. Algunos de los datos macroeconómicos arrojan síntomas inquietantes. Por ejemplo, pese a la meritoria caída de las cifras de desempleo del mes de agosto, el número de parados no descendió sino que aumentó entre los inmigrantes. ¿Cómo reaccionará la sociedad española si el escueto 5% que reflejan los datos oficiales se multiplica dentro de unos años? Es una señal más de que el Gobierno no tiene más remedio que justificar la laxitud con la que abordó al principio su política de inmigración.