AINHOA PAREDES/CORRESPONSAL

LONDRES. DV. El Gobierno de Tony Blair anunció ayer un giro en su política de inmigración de «puertas abiertas». Su ministro del Interior, John Reid, explicó que se impondrán limitaciones al derecho a trabajar en Reino Unido de rumanos y búlgaros a partir de enero, cuando sus países ingresen en la Unión Europea. Los únicos sectores en los que en un principio obreros no cualificados podrán ser empleados son la agricultura y el procesamiento de alimentos. En concreto, se impondrá una cuota de 19.750 puestos por año.

El Ejecutivo de Londres ha decidido modificar su política después de recibir duras críticas por haber subestimado el número de trabajadores de Europa del Este que emigrarían a Reino Unido tras la ampliación de la Unión Europea en mayo de 2004. En aquel entonces, se predijo que llegarían unos 15.000 al año. Sin embargo, se estima que en dos ejercicios han entrado unos 600.000, la mayoría procedentes de Polonia.

John Reid explicó ayer el paquete de medidas de control transitorias, que se revisarán cada doce meses mediante una declaración escrita dirigida al Parlamento. Las más estrictas se refieren a los trabajadores no cualificados, mientras que los especializados, como ingenieros y médicos, podrán aspirar a un empleo con permiso de trabajo. En este caso, se calcula que no serán más de un centenar al año.

Los búlgaros y rumanos podrán trabajar como autónomos, una categoría a la que muchos polacos, especialmente fontaneros, se han acogido. Pero «tendrán que poder probar que lo son de verdad, y no en realidad empleados encubiertos», afirmó Reid.

Contratos ilegales

Tanto el Partido Conservador como el Liberal Demócrata expresaron su preocupación de que la nueva política de trabajadores no cualificados pueda llevar a que haya más gente contratada de manera ilegal en Reino Unido. Pero Reid aseguró que «emplear trabajadores ilegales no será tolerado». Las empresas se enfrentarán a multas de hasta 5.000 libras (7.460 euros) para empresas y de 1.000 (1.492 euros) para individuos.

Para el ministro del Interior, la política aplicada hasta la fecha ha sido un éxito porque «los trabajadores de Europa han llenado huecos», pero reconoció que algunas escuelas y ayuntamientos encontraron problemas para asumir un incremento significativo de alumnos y residentes, respectivamente.

Reino Unido, Irlanda y Suecia fueron los únicos países de la UE que no impusieron restricciones a los trabajadores de los nuevos países miembro. Los ciudadanos de los estados que ingresan en la Unión tienen derecho a vivir y trabajar en cualquiera de ellos, pero cada estado puede imponer restricciones durante los siete años posteriores al ingreso con el fin de frenar un posible impacto en sus economías.

Representantes de los gobiernos búlgaro y rumano expresaron su decepción por las restricciones. La embajadora del Ejecutivo de Bucarest, Raduta Matache, declaró a la BBC que «el temor a que los rumanos inunden el país es totalmente infundado» y añadió que la mayoría de ellos era más probable que buscasen trabajo en Italia o España.