El Reino Unido, Irlanda y Suecia son los únicos tres países que abrieron de par en par sus puertas a los trabajadores de la Europa del Este en el 2004. Pero ahora Londres y Dublín se han vuelto más duros con búlgaros y rumanos (que ingresan en la UE el 1 de enero de 2007): el número de emigrantes ha sido mayor del esperado.

RAFAEL RAMOS – Corresponsal LONDRES

El Gobierno de Blair calculó que llegarían 13.000 operarios de la Europa del Este tras la ampliación, pero han sido 600.000
La generosidad del Gobierno hacia los trabajadores de la Europa del Este se acabó con el fontanero polaco. Los empresarios quieren inmigrantes, la clase media británica está encantada con la mano de obra barata para arreglar sus tejados, cuidar sus niños y servir sus cafés, y todas las estadísticas sugieren que contribuyen decisivamente al crecimiento económico y pagan más en impuestos de lo que perciben en servicios sociales. Pero aun así, búlgaros y rumanos van a ser objeto de severas restricciones.

El ministro del Interior, John Reid, un político autoritario que es la máxima expresión de la ley y el orden en la Administración laborista, ha anunciado a la Cámara de los Comunes que la cuota anual de trabajadores no cualificados procedentes de Bulgaria y Rumanía se va a cifrar inicialmente en 19.500, hasta estudiar las necesidades del mercado. A ellos habrá que añadir un centenar de médicos, abogados e ingenieros, y unos dos mil estudiantes.

Durante el consiguiente debate parlamentario, la posición del Gobierno de Blair fue muy criticada por los partidos de oposición y por diputados del propio Labour desde un doble ángulo. Primero, por lo que significa de discriminación hacia rumanos y búlgaros en comparación con los diez países que se incorporaron a la Unión Europea en el 2004, y a los que el Reino Unido – junto con Irlanda y Suecia- dio libre acceso a su mercado laboral. Y segundo, porque la medida es dificilísima de aplicar, si no imposible.

Como elemento disuasorio para que los nuevos ciudadanos de la UE a partir del 1 de enero no vayan a trabajar ilegalmente al Reino Unido, el Gobierno británico – aficionado a la justicia sumaria ya sea para combatir el grafiti o regular el empleo- amenaza con multas de 1.500 euros a los rumanos y búlgaros que carezcan de papeles, y de hasta 8.000 euros a los empresarios que los contraten. Pero hecha la ley, hecha la trampa, y para tener los documentos en regla no hay más que convertirse en autónomo y pagar los impuestos correspondientes.

¿Por qué el Gobierno de Blair – y también el de la República de Irlanda, que va a exigir permiso de trabajo a los emigrantes de Bulgaria y Rumanía, aunque otorgándoles prioridad sobre los de países no comunitarios- impone estas restricciones cuando los empresarios quieren a los trabajadores de la Europa del Este, su adaptación es fácil y el boom económico de Londres está vinculado a la mano de obra barata que constituyen los albañiles polacos?

La respuesta se halla en clave electoral, para cultivar el voto ultranacionalista e incluso xenófobo, espoleado día tras día por la prensa tabloide de derechas. El Labour sabe que Cameron le va a robar votos de conservadores blandos que regresarán al redil y de intelectuales y progres empeñados en castigar a la Administración por la guerra de Iraq, pero quiere limitar los daños y evitar una sangría entre las clases bajas y medias bajas que son víctimas de la delincuencia, contemplan a los extranjeros con recelo y les acusan injustamente de acaparar los servicios sociales, ocupar los pisos de protección oficial y bajar el nivel educativo de los colegios públicos.

El Gobierno se ha sentido obligado a responder en tono populista a la cuestión de la inmigración en vista de que pronosticó que unos 13.000 ciudadanos de la Europa del Este emigrarían a Gran Bretaña tras la ampliación de la UE hace dos años, y la cifra en realidad es de 600.000, la gran mayoría polacos que trabajan en la construcción y en servicios. El pato lo pagarán búlgaros y rumanos, pero sólo temporalmente; dentro de siete años tendrán el mismo derecho a trabajar en este país que cualquier comunitario.