CUANDO se cumple un año del primer estallido de violencia urbana protagonizada por jóvenes hijos de inmigrantes en los suburbios de París y otras grandes urbes francesas, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto que aquel brote desarticulado de violencia urbana no fue la reacción en cadena al suceso en el que murieron electrocutados dos adolescentes que huían de la Policía. La mayoría de sociólogos están persuadidos de que el incidente sirvió de espoleta que hizo saltar una situación viciada a lo largo del tiempo en las zonas deprimidas donde la convivencia entre inmigrantes y nacionales se había deteriorado a lo largo de los años. Ese es un problema que, como casi todos, ofrece una cierta sintomatología antes de hacerse patente, algo que ya empieza a detectarse en España. Uno de esos síntomas es la encuesta sobre calidad de la educación divulgada ayer por la Fundación Hogar del Empleado y el Instituto de Evaluación Educativa.

Aunque dicho estudio se ocupa preferentemente de aspectos específicamente educativas aporta constataciones sobre la relación entre inmigrantes y nacionales en los niveles escolares que llevan a la alarma y animan a tomar medidas preventivas para intentar seguir un camino diferente al que llevó al país vecino a enfrentarse con una gravísima situación en su barrios e institutos. A este respecto no resulta esperanzador que a la mitad de los alumnos de ESO y Bachillerato – la encuesta, realizada en la Comunidad de Madrid, es extrapolable al resto de España – les parezca mal tener compañeros inmigrantes, o más bien hijos de ellos. Y alguna señal de inquietud debería encenderse ante el dato de que el 15% de los estudiantes muestran rechazo frontal a la convivencia con esos extranjeros.

Dicho informe educativo reitera la endeblez, por no decir la ausencia, de las políticas de convivencia e integración con los cuatro millones de inmigrantes instalados en nuestro país durante los últimos años. Las políticas aplicadas en esa área por países de nuestro entorno no han tenido resultados muy brillantes, pero sólo algo peor se podrá esperar en el caso español de una ausencia de iniciativas de los poderes públicos en este tema, que es lo que ahora se constata.