Valencia – El anteproyecto de la nueva Ley de Protección Integral de la
Infancia y la Adolescencia dedica por primera vez un capítulo especial a
los menores inmigrantes, en el que se especifica que «los menores
extranjeros que residan en la Comunitat Valenciana tendrán derecho a los
recursos públicos que faciliten su atención e integración social,
lingüística y cultural, respetando su propia identidad». Además, se
explica que se deberá garantizar el derecho a la educación, el derecho a
la asistencia sanitaria y el derecho a su protección e inserción social.
   El anteproyecto expone que se garantizará a los menores extranjeros
indocumentados y en situación de desprotección social, una protección
adecuada, asumida por la Conselleria competente, en este caso, la de
Bienestar Social, durante el tiempo de permanencia del menor en la
Comunitat. Se explica que los órganos de la Administración velarán porque
el retorno del menor a su país de origen o aquél donde se encuentran sus
familiares, si procede, se realice con las máximas garantías de respeto
para la dignidad y la protección del menor.
   Normativa renovadora
   Esta es la primera ocasión en la que la legislación valenciana contempla la
realidad social de la inmigración en un ámbito como es el de la protección
de la infancia. La anterior ley en este sentido se aprobó en 1994, cuando
la Comunitat no se encontraba en la actual situación de acogida de
inmigrantes y, en consecuencia, de menores de otros países que se
encuentran en situación de desamparo.
   Otra de las novedades que
incluye esta ley es la protección de los menores frente a la influencia de
los medios de comunicación y la publicidad. Por ello, la ley explica que
los operadores de telecomunicaciones deberán adoptar las medidas técnicas
y jurídicas necesarias para garantizar la protección de los menores frente
al acceso a informaciones, programas y servicios de contenido violento,
racista, pornográfico o que puedan resultar perjudiciales para la
seguridad, la salud y la formación del menor. Obliga a estos operadores a
informar y poner a disposición de los padres o tutores del menor, los
medios y dispositivos técnicos para impedir el acceso y utilización de los
contenidos prohibidos a los menores.
   Pero la norma impulsada por el
departamento de Alicia de Miguel llega más allá e incluye otras novedades
como la Carta de Derechos del Menor, que la convierte en la primera
autonomía que adopta esta medida protectora. En ella se reconocen derechos
del menor como el del conocimiento de los propios orígenes, el derecho a
la defensa de sus interés y a la tutela judicial efectiva o el derecho a
las relaciones familiares.
   Además, la futura ley recupera la figura
del padre de huérfanos que velará por el bienestar de este colectivo.