La policía ha dejado de repatriar inmigrantes clandestinos a Francia ante las «lagunas y vaguedades» que, a su juicio, presenta la reciente reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. Desde que esta normativa, que garantiza la asistencia letrada a los deportados, entró en vigor el pasado 24 de septiembre, los funcionarios han bloqueado las devoluciones en frontera, a la espera de que Interior dé órdenes concretas sobre el tratamiento que deben recibir estos extracomunitarios sin papeles. Mandos de Extranjería en Gerona, Lérida, Navarra, Huesca y Guipúzcoa informaron ayer de que durante la última semana se ha permitido la entrada a España, por los pasos fronterizos con Francia, de centenares de indocumentados – entre 1.500 y 2.000, según las estimaciones – , la mayoría rumanos y búlgaros.


La reforma del artículo 13 del reglamento de extranjería aprobada por sorpresa por el Gobierno establece que todos los sin papeles interceptados en la frontera gala deben ser informados de su derecho a un abogado y un intérprete. Los funcionarios tienen además la obligación de abrir un expediente formal, incluida la posibilidad de recurso. Sin embargo, Interior no ha remitido circular alguna que fije el protocolo y que determine si efectivamente cada inmigrante debe tener la asistencia de un letrado o sólo basta con notificarle el derecho. Tampoco se han reforzado los servicios de intérprete en los pasos. Los funcionarios sólo conocen la nueva normativa a través del BOE.


Ante esta situación, los controles aleatorios en las cercanías de los confines se siguen realizando con normalidad. Se identifica a los inmigrantes clandestinos, pero no son retenidos y se les permite continuar el viaje. Únicamente, los agentes proceden a la detención de los extracomunitarios que tengan reclamaciones judiciales.