ANDY ROBINSON – San Diego. Corresponsal

El lunes pasado oficiales del ejército de California explicaron a un grupo de corresponsales la nueva fase de militarización de la frontera con México, plasmada – si el Senado aprueba el proyecto esta semana- en un muro digno de compararse con la Gran Muralla china, aunque menos atractivo para los turistas, que cubrirá más de una tercera parte de los 3.000 kilómetros de la frontera desde Texas, en la costa del este, hasta California, en el Pacífico.

La sesión, organizada por el Departamento de Estado, tuvo lugar en un descampado a media hora en coche de las nuevas urbanizaciones acomodadas en las afueras de San Diego (algunas de ellas, con sus propias vallas), y a un tiro de piedra del caos urbanístico, pobreza endémica y cloacas abiertas de Tijuana. Mientras enseñaba un tramo del nuevo muro – una barrera de columnas de hormigón con separaciones de cinco o seis centímetros, que se extiende hacia la costa por un lado y al desierto por el otro-, el sargento Michael Drake explicó que, para cumplir con los muy exigentes requisitos medioambientales en California, “se ha diseñado la valla para que una persona no pueda pasar, pero un animal migratorio, sí”. Minutos después, un joven espalda mojada o aspirante a serlo asomó la cabeza por encima del viejo muro construido cerca de Tijuana en los años ochenta, con chapas de acero sobrantes de la guerra de Vietnam.

A iniciativa de la seguridad fronteriza – que se explica más como una medida de seguridad interna que de política de inmigración, quizás debido a su enorme coste – se instalarán tramos virtuales de la nueva muralla con cámaras por infrarrojos o térmicas montadas en torres o sensores subterráneos que detectan sísmicamente los movimientos de los sin papeles.

En otras partes, como en Tijuana, habrá una doble barrera, el viejo y el nuevo muro.

El Departamento de Seguridad Interna, creado después del 11-S, firmó la semana pasada un contrato de 4.000 millones de euros con la multinacional aeronáutica Boeing – una de las tres grandes compañías de tecnología militar en EE. UU. especializada en sistemas de red militares y técnicas de guerra robotizadas- para construir 1.800 torres de vigilancia de alta tecnología.

El conjunto de medidas incluidas en la legislación que se debate en el Senado, desde el aumento a 15.000 de los efectivos de la patrulla fronteriza – uno por cada ocho kilómetros de frontera-, al reforzamiento de la seguridad portuaria pasando por el muro high tech,costarán 21.300 millones de dólares. Drake explicó el despliegue en la frontera desde junio de 6.000 soldados de la reserva, el 70 por ciento de ellos recién llegados de Iraq, como “parte de la guerra contra el terror”.

Sin embargo, la realidad en la frontera, al igual que en Iraq, queda bastante lejos de los planes futuristas de Washington y Boeing. Los tres helicópteros en el hangar datan de la guerra de Vietnam y muchos de los aparatos de detección tienen más de diez años. “La patrulla fronteriza tiene mejores helicópteros que nosotros; no podemos volar muy bajo”, explicó John Allen, uno de los pilotos.

Otro joven piloto, Jeff Sibley, que regresó hace ocho meses de Iraq, dijo que “como satisfacción laboral, esto es el 110% mejor que Iraq porque aquí hago algo que ayuda directamente a mi familia y amigos”. Pero reconoció con un gesto resignado que las posibilidades de ganar a los sin papeles – más de doce millones en Estados Unidos- pueden ser aún más remotas que vencer a los insurgentes iraquíes.

Idéntica impresión para José Montañez, oriundo de Durango (México), de 27 años.

Ha cruzado la frontera dos veces, la última el pasado diciembre. “Crucé de noche cerca de Tijuana; cuando pasó la patrulla me escondí tras un arbusto”, explica. Ahora trabaja en la construcción en San Diego. Aunque “llega menos gente ahora”, dice que no hay forma de parar la inmigración indocumentada mientras haya trabajo en Estados Unidos. El mismo día de la visita de periodistas, un grupo de espaldas mojadas perforaron el muro y estaban a punto de pasar con un 4×4. Ha habido una serie de fugas subterráneas, por lo que el Senado ha añadido una enmienda al proyecto de ley que convierte en delito penal “construir túneles bajo la frontera”.

Las nuevas medidas de seguridad, hasta ahora, parecen haber provocado dos cosas. Ha incrementado el precio que cobran los coyotes (guías), de 1.500 a 2.000 o 2.500 dólares por cruzar. Y sigue forzando a la gente a cruzar por el desierto, donde hay menos seguridad pero más peligro. “Han desplazado el lugar de entrada”, dice Enrique Morones, de la ONG Ángeles de la Frontera. El pasado año murieron 463 personas en la frontera, según datos oficiales. Morones cree que la cifra verdadera es de mil, y “cuanto más largo y alto es el muro, más riesgos la gente correrá”.