El Ejecutivo reformó el pasado 8 de septiembre, por sorpresa y sin publicidad, el reglamento de la ley de extranjería. El objetivo del Gobierno es dar cobertura legal a los hasta ahora alegales rechazos en frontera de miles de inmigrantes en los pasos con Francia. La nueva normativa, que fue publicada el pasado sábado en el BOE, prohíbe al Ministerio de Interior, tal y como venía haciendo en el confín galo, las devoluciones inmediatas de clandestinos. A partir de ahora será necesario abrir un expediente y la intervención de un abogado en todos los trámites.

La reforma acordada por el Consejo de Ministros afecta al artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. La redacción obliga a las fuerzas de Seguridad a practicar las devoluciones de ‘sin papeles’ en virtud de los acuerdos de readmisión observando siempre el artículo 26.2 de la ley de Extranjería. Este precepto fija que cualquier rechazo en frontera implicará una «resolución motivada» (apertura de un expediente administrativo), información sobre los recursos que se puedan interponer y los plazos, asistencia letrada de oficio al inmigrante y la participación de un intérprete desde el mismo momento en que se deniega la entrada a España.

El Gobierno busca con la reforma, que entró en vigor el domingo, aumentar las garantías jurídicas de los clandestinos, como le exigieron el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía y la propia Abogacía del Estado y pretende evitar un aluvión de recursos. Responsables de la Administración expresaron su temor de que la reforma ralentice las devoluciones en frontera de extranjeros. Mandos policiales recordaron que sólo en la frontera gala cada día eran rechazados, decenas de vehículos con clandestinos procedentes de Europa del este en virtud de los acuerdos con Francia. Sólo en 2005, España solicitó al país vecino la readmisión de 52.017 inmigrantes interceptados en controles aleatorios.

Modificaciones

La modificación introducida por el Gobierno termina con el limbo legal en el que se encontraban los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevaban a cabo las devoluciones y que temían ser demandados por practicar detenciones ilegales. El pasado junio, el mayor sindicato del Cuerpo, el SUP, hizo público que se estaban realizando «miles» de repatriaciones ilegales de inmigrantes desde puntos de control policial en Gerona a territorio francés. El Ministerio del Interior, según los documentos hechos públicos entonces por el sindicato, había autorizado las devoluciones de los clandestinos interceptados en las inmediaciones de la frontera sin ningún trámite.

El SUP aseguraba que desde noviembre de 2003 los agentes de la Unidad de Extranjería y Documentación de la Provincia de Gerona «están incurriendo en constantes detenciones ilegales al aplicar el Acuerdo de Readmisión Hispano – Francés sin abogado ni interprete». La preocupación por las repatriaciones inmediatas fue llevada por el SUP al Consejo de Policía.

La respuesta oficial del Ministerio del Interior indicaba que las devoluciones de los pasajeros irregulares sin atención letrada debían proseguir, ya que «la breve situación de privación de libertad fáctica que sufren los ciudadanos extranjeros que son objeto del procedimiento de readmisión se considera una cuestión irrelevante».

El Consejo General de la Abogacía se felicitó por la reforma que, a su entender, «asegura la asistencia letrada en los procesos de readmisión». Según el colectivo, el Gobierno ha entendido que la situación hasta ahora existente «debía ser regulada adecuadamente».