El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proyecta reforzar los juzgados de Canarias para hacer frente a la sobrecarga de trabajo que padecen por la avalancha de inmigrantes ilegales.


La comisión permanente del CGPJ encargó ayer a la secretaría técnica un estudio sobre la carga de trabajo y las necesidades de todos los juzgados del archipiélago antes de decidir la fórmula concreta para solventar con eficacia la sobrecarga de trabajo.


La llegada masiva de africanos sin papeles ha sobrepasado la capacidad de trabajo de numerosos juzgados de primera instancia e instrucción, que son los encargados de resolver todos los trámites para el internamiento provisional de los extranjeros en centros, y de muchos jueces de lo Contencioso – Administrativo, que tienen la competencia para resolver sobre las expulsiones de los extranjeros.


El informe de la secretaría técnica, que servirá de base al pleno del 4 de octubre para acordar un modelo de refuerzo, tendrá en cuenta las dos demandas realizadas hasta ahora por instituciones canarias.


Reformas

El Ejecutivo reformó el pasado 8 de septiembre, por sorpresa y sin publicidad, el reglamento de la ley de Extranjería . El objetivo del Gobierno es dar cobertura legal a los hasta ahora alegales rechazos en frontera de miles de inmigrantes en los pasos con Francia. La nueva normativa, que fue publicada el sábado en el BOE, prohíbe al Ministerio de Interior, tal y como venía haciendo en el confín galo, las devoluciones inmediatas de clandestinos. A partir de ahora será necesario abrir un expediente y la intervención de un abogado en todos los trámites.


La reforma acordada por el Consejo de Ministros afecta al artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. La nueva redacción obliga a las fuerzas de Seguridad a practicar las devoluciones de sin papeles en virtud de los acuerdos de readmisión observando siempre el artículo 26.2 de la ley de Extranjería .


El Gobierno busca con esta reforma, que entró en vigor el domingo, aumentar las garantías jurídicas de los clandestinos.La modificación introducida por el Gobierno termina con el limbo legal en el que se encontraban los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevaban a cabo las devoluciones y que temían ser demandados por practicar detenciones ilegales.