N. C. / E. C. / J. L. L.

MADRID/LAS PALMAS. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el visto bueno a la creación de un nuevo juzgado en Arona (Tenerife) como medida de refuerzo frente a la sobrecarga de trabajo que soportan los órganos judiciales de ese partido judicial por la avalancha de inmigrantes irregulares. El nuevo juzgado empezará a funcionar hoy mismo – el Ministerio de Justicia ya ha aprobado la partida económica y el Gobierno canario le ha asignado ocho funcionarios – , en auxilio del juez de guardia encargado de cumplimentar los trámites para el internamiento de los «sin papeles» en los centros.

La decisión fue adoptada ayer por la Comisión Permanente del CGPJ a raíz de la petición realizada en este sentido por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno canario. En un escrito remitido al Consejo, se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la incesante llegada de cayucos que «amenazan con desbordar la capacidad de respuesta del sistema judicial canario».

El CGPJ ha ordenado también un estudio técnico de viabilidad para este nuevo juzgado, así como la inspección de los órganos judiciales de Arona para conocer el alcance de la carga de trabajo que soportan ante la posible adopción de más medidas de refuerzo en otros cinco juzgados, que también contarían ya con el soporte económico de Justicia.

«Seguimos saturados»

La realidad que vive Canarias poco se compadece con las declaraciones realizadas ayer por el ministro del Interior, quien aseguró que la inmigración clandestina en las Islas «está llegando a su fin». Las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba fueron contestadas por el responsable regional de la Confederación Española de la Policía en Canarias (CEP), Agustín Brito, quien aseguró que «el ministro no puede colgarse una medalla cada vez que haya un ligero parón en la llegada de cayucos». De hecho, ayer mismo arribó al tinerfeño Puerto de Los Cristianos un cayuco con más de un centenar de indocumentados. Otros 114 africanos, entre los que viajaban cuatro mujeres y un bebé de ocho meses, llegaron el lunes a Fuerteventura.

Prueba de que «en Canarias no hay nada que vaya a llegar a su fin y de que seguimos saturados», añadió Brito, son los más de 8.800 inmigrantes internados en los centros de las Islas. «A medida que los trasladan, otros ocupan su lugar». Brito negó además la «fluidez» de las repatriaciones con Mali y Mauritania, a las que aludió Rubalcaba. «Con el único país que están funcionando realmente es con Senegal».

Por otra parte, el PP presentó ayer en el registro del Congreso un escrito en el que solicita la comparecencia de los ministros de Interior, Justicia y Trabajo con el objetivo de que expliquen la «humillación» que, según los populares, supuso la «censura» que los Gobiernos europeos realizaron a la política migratoria del Ejecutivo de Zapatero en la pasada cumbre de Tampere (Finlandia). Los populares están molestos por la decisión de los socialistas de vetar ayer mismo en la Junta de Portavoces la solicitud del PP para que se cree una comisión mixta Congreso – Senado sobre inmigración. Ante esta circunstancia, Eduardo Zaplana volvió a restar credibilidad a la oferta de pacto de Estado en la materia lanzada desde el Ejecutivo.