MADRID. El Ejecutivo reformó el pasado día 8, por sorpresa y sin publicidad, el reglamento de la ley de Extranjería. El objetivo del Gobierno es dar cobertura legal a los hasta ahora alegales rechazos en frontera de miles de inmigrantes en los pasos con Francia. La nueva normativa, que fue publicada el sábado en el BOE, prohíbe al Ministerio de Interior, tal y como venía haciendo en la frontera gala, las devoluciones inmediatas de clandestinos. Ahora será necesario abrir un expediente y la intervención de un abogado en todos los trámites.

La reforma acordada por el Consejo de Ministros afecta al artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. La nueva redacción obliga a las Fuerzas de Seguridad a practicar las devoluciones de ‘sin papeles’ en virtud de los acuerdos de readmisión observando siempre el artículo 26.2 de la ley de Extranjería. Este precepto fija que cualquier rechazo en frontera implicará una «resolución motivada» (apertura de un expediente administrativo), información sobre los recursos que se puedan interponer y los plazos, asistencia letrada de oficio al inmigrante y la participación de un intérprete desde el mismo momento en que se deniega la entrada a España.

El Gobierno busca con esta reforma, que entró en vigor el domingo, aumentar las garantías jurídicas de los clandestinos. Además, pretende evitar un aluvión de recursos.

Sin embargo, algunos responsables de la Administración han expresado su temor de que esta reforma ralentice las devoluciones en frontera de miles de extranjeros. Mandos policiales recordaron que sólo en la frontera gala cada día eran rechazados decenas de vehículos con clandestinos procedentes de Europa del este.

Por otra parte, ayer llegó a Canarias otro cayuco con 106 inmigrantes a bordo. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. COLPISA