Quienes crean que la corrupción y la falta de humanidad relacionados con la inmigración se reducen a las mafias, leerán hoy con espanto la exclusiva que publica EL MUNDO. En Huelva, la Policía ha desarticulado una trama en la que al menos un agente del Cuerpo y tres funcionarios de la subdelegación del Gobierno vendían permisos de residencia a inmigrantes irregulares a cambio de favores sexuales y cifras de dinero que alcanzaban los 6.000 euros. El caso es más grave teniendo en cuenta que hay al menos dos precedentes en Andalucía de irregularidades similares en las oficinas de extranjería. El Gobierno tiene el deber inmediato de extremar los controles para que este tipo de abusos no se produzca. Aparentemente incapaz de poner freno a la llegada de sin papeles a nuestro país, su deber es por lo menos vigilar para que éstos no sean víctimas de tales delitos.