ANA DEL BARRIO

El Gobierno modifica el Reglamento de Extranjería y da la razón a los letrados frente a los policías destinados en la frontera El Gobierno se ha puesto de parte de los abogados en el contencioso que mantenían con los policías que trabajan en los puestos fronterizos. El Ejecutivo ha modificado el Reglamento de la Ley de Extranjería para permitir que todos los inmigrantes clandestinos que se introducen en España por los Pirineos tengan derecho a asistencia letrada.

Si la frontera terrestre del norte de España era ya un auténtico coladero de irregulares, el Real Decreto publicado en el BOE del pasado sábado contribuirá, sin duda, a agravar la situación. El nuevo texto añade un párrafo en el que se especifica que los clandestinos afectados por los acuerdos de readmisión podrán contar con un abogado.

Unos 500 ciudadanos rumanos y búlgaros atraviesan en autobús los Pirineos por La Junquera (Gerona) y luego se quedan residiendo ilegalmente en el país.

Los policías se verán ahora atados de pies y manos para realizar las inspecciones de vigilancia y poner freno a la avalancha. Según aseguraron fuentes policiales, la medida aprobada supone de facto que se levanten todos los controles, lo que dará aún más alas a las mafias. De todas formas, la mayoría de los irregulares que penetran por el norte de España son de nacionalidad rumana y búlgara y, por tanto, se convertirán en ciudadanos europeos en 2007.

Todos los inmigrantes que van a ser expulsados a sus países de origen tienen derecho a contar con un abogado. Sin embargo, este precepto no se aplicaba a aquéllos que entraban por los Pirineos, donde regía el acuerdo de readmisión con Francia. Este convenio internacional establece que cada país readmitirá en su territorio sin formalidad alguna «al nacional de un tercer Estado que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o estancia».

Por tanto, los agentes policiales se limitaban a devolver los autobuses a las autoridades francesas, cuando los pasajeros no cumplían requisitos como tener el pasaporte en vigor, una carta de invitación y 300 euros como mínimo, además de otros 30 euros por día, cantidad necesaria para acreditar su estancia como turistas en nuestro país.

Estas actuaciones motivaron las quejas de los colegios de Abogados de Figueras (Gerona) e Irún, que acusaron a los policías de estar deteniendo ilegalmente a los inmigrantes. El Consejo General de la Abogacía (CGAE) también advirtió en el mes de junio de «las irregularidades que se estaban produciendo», ya que las readmisiones se estaban realizando sin asistencia jurídica. El subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Francisco Jordán, emitió además una instrucción en la que concluía que los extranjeros tenían derecho a asistencia letrada. Los policías nacionales destinados en Gerona reclamaron entonces órdenes precisas sobre cómo actuar, ya que las devoluciones que venían realizando desde hace años – un total de 52.017 sólo en 2005 – podían ser consideradas ilegales. El Ministerio del Interior encargó en el mes de junio un informe jurídico que se ha materializado ahora en el Real Decreto. Desde el Consejo General de la Abogacía se mostraron complacidos por la medida aprobada: «Estamos satisfechos con que el Gobierno haya rectificado y haya dado un paso para establecer las garantías que recogía la Ley Orgánica», declaró ayer el presidente de la subcomisión de Extranjería del CGAE, Pascual Agüelo.

Ahora, los policías deberán realizar un expediente de denegación de entrada y tomar declaración a cada uno de los extranjeros en presencia de su abogado, que puede recurrir la devolución por la vía contencioso – administrativa. Este proceso es prácticamente inviable cuando en La Junquera pueden llegar de golpe 15 autobuses llenos de inmigrantes.