procederá a la regulación de la situación de los 40 adolescentes acogidos en pensiones

Donostia. La diputada para la Política Social, Esther Larrañaga, apostó “por un modelo de integración” para la atención de los menores extranjeros no acompañados. Según concretó, en la actualidad hay 33 menores que residen en pisos normalizados dentro de la red de acogida. La intención de la Diputación en este aspecto es que continúen atendidos mediante este recurso en la medida en que la capacidad de la red y la situación de los menores posibilite su integración.

Sin embargo, todavía quedan otros 40 menores extranjeros acogidos en pensiones. Al respecto, Larrañaga afirmó que “su atención deberá ser regularizada de forma definitiva” y anunció que, en breve, tanto ella como la responsable de Derechos Humanos, Mari Carmen Marín, comparecerán ante las Juntas Generales para concretar la definición de la atención a menores no acompañados.

No obstante, junteros como el portavoz de Ezker Batua, Jon Lasa, y la del PP, María Asunción Guerra, mostraron su preocupación por que el número de plazas recogido en el nuevo modelo – 204 en total – quede colapsado desde un principio, sobre todo, por la incorporación de los extranjeros de menos de 18 años.

centros al completo Por su parte, la diputada reconoció “el colapso” de al red, pero matizó que la Diputación ya contempla un “crecimiento porque así lo dice la demanda”. “Ahora tenemos el colapso producido por la llegada de menores extranjeros no acompañados, fundamentalmente magrebíes. Pero puedo decir que la Diputación ha atendido a todos los menores y nuestra intención es regularizar esa situación de emergencia a través de las pensiones”, concretó.

Para ello, abogó por incrementar los pisos tanto de protección como de emancipación y socialización “en función de las propias características de esos menores”. Aunque avanzó que “la oportunidad para analizar esta situación” vendrá con el debate del anteproyecto de Ley de Presupuestos para el 2007.

Los junteros también mostraron sus dudas sobre el futuro de aquellos menores que se ubiquen en centros de emancipación y lleguen a la mayoría de edad. En este sentido, Larrañaga recordó que, por un lado, su departamento cuenta con ayudas a la desvinculación y, por otro, Derechos Humanos mantiene una linea específica de recursos para estas personas en la que se incluyen los diferentes itinerarios de inserción social.

La última duda planteada por los portavoces de los grupos, en referencia al seguimiento de los menores, fue contestada por el director de Atención a la Dependencia y Desprotección, Jose Luis Madrazo, quien respondió que, además del nuevo servicio creado para realizar la evaluación de las acogidas, cada menor contará con un “técnico de referencia que se haga cargo de su caso” desde que la Diputación asuma su tutela. También concretó que, una vez que el Gobierno Vasco desarrolle el decreto sobre la Ley de Infancia, previsto para finales de este año, se completará un vacío legal sobre el régimen de funcionamiento de estos centros.