El Gobierno no ve «fisuras» en el discurso de la Unión Europea ante el problema de la inmigración ilegal. La ‘número dos’ del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que entre los Veinticinco no hay «discrepancias esenciales» sobre las actuaciones futuras para controlar el fenómeno. La vicepresidenta hizo esas consideraciones un día después de que mandatarios de Holanda, Alemania y Austria criticaran con acritud la política española en esa materia, en particular la regularización masiva que el Ejecutivo impulsó tras llegar al poder.

Frente a esa evidencia, la vicepresidenta subrayó que «nuestros socios comparten diagnóstico y soluciones con nosotros». «La UE comparte que estamos ante un problema europeo, que hay que establecer acuerdos de repatriación, reforzar la cooperación con los países de origen y hacer respetar la legalidad», añadió De la Vega, que anunció que «seguirán las identificaciones y las repatriaciones». De la Vega insistió en que «no hay fisuras en ese discurso» y atribuyó las críticas a que «nuestros socios no están en estos momentos sufriendo la presión como la sufrimos nosotros, y por tanto a veces sus prioridades no son las mismas». Planteó como un éxito el haber logrado que la inmigración sea «por primera vez en la historia» un asunto permanente en la agenda europea y destacó que uno de sus resultados prácticos es la creación del sistema europeo de vigilancia de fronteras (Frontex).

El próximo 29 de septiembre, Madrid acogerá una reunión de ministros de Exteriores de los ocho países de la frontera sur de Europa en la que buscarán soluciones a los problemas que comporta gestionar la frontera marítima. Para el Gobierno, uno de los elementos fundamentales a debatir es cómo incrementar y hacer más eficaz la cooperación con los países de origen de los indocumentados. Senegal y el resto de países subsaharianos se beneficiarán, además, del aumento del 38,5% del presupuesto del Estado para Ayuda Oficial al Desarrollo, que en 2007 superará los 3.200 millones de euros.

Dificultades

Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló ayer que «está costando arrancar el compromiso de los países miembros» de la UE para aportar ayuda concreta a la operación Frontex en las Islas Canarias.

Al término del Consejo informal de ministros de Justicia e Interior de la UE, celebrado en Tampere (Finlandia), López Aguilar resaltó que Frontex no cuenta con medios propios y sólo puede funcionar con las contribuciones de los estados miembros. «Lo ha hecho Italia, Portugal, en menor media Finlandia y de forma muy protagonista España», explicó. «España está haciendo su trabajo, el Gobierno está haciendo su trabajo» dijo el ministro, que reiteró que «también hace falta Europa». Al respecto, indicó que es a esa toma de conciencia a la que está apelando España «y no vamos a parar hasta conseguirlo».

«España no está pidiendo nada, ni ayuda ni asistencia», afirmó López Aguilar, en referencia a las críticas vertidas por algunos países. López Aguilar señaló que Alemania, Francia, Portugal o Italia han realizado procesos de regularización y eso no ha provocado ningún efecto llamada. López Aguilar aprovechó su presencia en Tampere para entrevistarse con el director ejecutivo de Frontex, Ilkka Laitinen, quien estará presente en la cumbre del día 29 en Madrid y viajará a Canarias próximamente.