El Gobierno no ve «fisuras» en el discurso de la Unión Europea sobre la inmigración ilegal, cuya cara más visible la constituyen las avalanchas de africanos ‘sin papeles’ en Canarias. La ‘número dos’ del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que entre los Veinticinco no hay «discrepancias esenciales» sobre las actuaciones futuras para controlar el fenómeno.

La vicepresidenta primera hizo esas consideraciones un día después de que mandatarios de Holanda, Alemania y Austria criticaran la política española de inmigración con acritud en la Cumbre de Tampere; en particular la regularización masiva de extranjeros que el Ejecutivo de Zapatero impulsó tras llegar al poder. Las críticas no fueron unánimes, pues la presidencia finlandesa de la UE propuso a los socios compartir la carga, pero dejaron claro que la petición española de ayuda no es bien recibida por todos.

Frente a esa evidencia, la vicepresidenta subrayó ayer que los socios comunitarios coinciden con España en el diagnóstico y las soluciones. «La UE comparte que estamos ante un problema europeo, que hay que establecer acuerdos de repatriación, reforzar la cooperación con los países de origen y hacer respetar la legalidad», añadió Fernández de la Vega, que anunció que «seguirán las identificaciones y las repatriaciones».

La ‘número dos’ del Ejecutivo atribuyó las críticas que los ministros de Justicia, Interior y Trabajo tuvieron que escuchar en Tampere a que «nuestros socios no están sufriendo la presión como la sufrimos nosotros, y por tanto a veces sus prioridades no son exactamente las mismas». Sin embargo, el PP sacó otra conclusión bien distinta. «(Los ministros) fueron por lana y salieron trasquilados. Alemania, Austria, Holanda y Bélgica han dicho a España que se ha equivocado», declaró Ana Pastor, miembro de la ejecutiva de los populares.

«Por primera vez»

En cambio, Fernández de la Vega consideró como un éxito del Gobierno socialista haber logrado que la inmigración sea «por primera vez» un asunto permanente en la agenda europea» y destacó que uno de sus resultados prácticos es la creación del sistema europeo de vigilancia de fronteras (Frontex), que colabora en el control de la costa africana y en la identificación de los subsaharianos.

La ‘número dos’ del Ejecutivo recalcó que la reunión de Tampere sirvió para dar a conocer la propuesta española sobre la vigilancia fronteriza, que los Veinticinco debatirán en la cumbre que reunirá el 20 de octubre a los jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad finlandesa de Lahti. También celebró que los ministros avanzaran en la posible implantación, durante la presidencia finlandesa, del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) europeo y en el refuerzo de Frontex, cuyo presupuesto aumentará en 2007 de 1,5 a 285 millones de euros.

El próximo 29 de septiembre, Madrid acogerá una reunión de ministros de Exteriores de los ocho países que conforman la frontera sur de Europa. En ese cónclave, buscarán soluciones a los problemas que comporta gestionar esa región, que hoy es la mas problemática del Viejo Continente.

Para el Gobierno, uno de los elementos fundamentales a debatir es cómo incrementar y hacer más eficaz la cooperación con los países de origen de los indocumentados. La semana que viene, aprobará la puesta en marcha de una campaña informativa destinada a la población de Senegal, sobre los riesgos de embarcarse en un viaje «incierto, ilegal y muy peligroso» rumbo a Europa.

Senegal y el resto de países subsaharianos se beneficiarán, además, del aumento del 38,5% del presupuesto del Estado para Ayuda Oficial al Desarrollo, que en 207 superará los 3.200 millones de euros.