El número de fieles católicos en España es mayor que el de musulmanes, judíos o protestantes; sin embargo, eso no justifica la diferencia de trato que reciben las distintas confesiones por parte del Estado en lo que a financiación se refiere. Así podría resumirse el parecer de algunos sectores tanto del mundo islámico como del protestante en la valoración del acuerdo entre el Estado y la Iglesia católica anunciado ayer.

«En principio, habíamos señalado que la fórmula del IRPF no es adecuada para otras confesiones», manifestó ayer a este periódico Yusuf Fernández, portavoz de la Junta Islámica de España (JIE). Su razonamiento tiene una lógica interna que resulta aplastante: la mayoría de musulmanes que hay en España son inmigrantes y muchos de ellos no hacen la declaración de la renta.

Por ello, Fernández señaló que desde JIE «siempre hemos demandado una financiación proporcional al número de fieles», pues, según se encargó de recordar, «el Gobierno tiene datos fidedignos de que hay 800.000 musulmanes en España».

La principal diferencia entre la Iglesia católica y el resto de confesiones es que la primera recibe financiación para el culto y el mantenimiento de clérigos, mientras que el resto tan sólo para proyectos sociales. Tanto Yusuf Fernández como Mariano Blázquez, secretario Ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, coinciden en reclamar un trato igualitario.

Fundación

La financiación de judíos, protestantes y musulmanes se canaliza a través de la fundación Pluralismo y Convivencia, y en total reciben tres millones de euros, una cantidad «simbólica» a juicio de Fernández.

Siguiendo la estela de lo señalado por el portavoz de la JIE, Blázquez aseguró ayer que probablemente ellos no quisieran un sistema de financiación basado en el IRPF, pero sí reclamó la oportunidad de rechazarlo, es decir, que «el Gobierno nos lo ofrezca, aunque después seamos nosotros quienes digamos si lo queremos o no».

Si bien ambos portavoces insisten en felicitar a la Iglesia católica y al Estado por el acuerdo, con igual intensidad inciden en sus reclamaciones. Lo que piden es el mismo trato para todos; por ejemplo, acceder a terrenos para edificar templos. En palabras de Blázquez, «que las comunidades que han sido tradicionalmente marginadas tengan un lugar digno donde reunirse»; o, según Fernández, que «si los proyectos financiados deben ser únicamente sociales, que se haga lo mismo con la Iglesia católica o, en su defecto, que también recibamos financiación para el culto».