Entre los inmigrantes irregulares que a lo largo del año han llegado a las Islas Canarias se incluye un millar de menores de edad, menores que no son repatriados, que no pueden trabajar debido a nuestras leyes, que no cuentan con estímulos para formarse y que se hacinan en saturados centros de internamiento. Esta semana se han realizado reiterados llamamientos para que las autonomías peninsulares realojaran a 500 o 600 de estos menores. La respuesta de las instituciones vascas ha sido muy cicatera y resulta paradójica nuestra resuelta negativa a ayudar a los canarios si recordamos los exigentes estándares que, en asuntos solidarios, imponemos siempre a los demás.

Yo tenía la impresión de que los vascos éramos los campeones de la solidaridad. El Gobierno autónomo se ha hartado de criticar la Ley de Inmigración y de denunciar como hipócrita o xenófoba la más mínima medida restrictiva que se adoptara ante la marea de inmigrantes. Estábamos muy satisfechos de nosotros mismos, convertidos, por los azares de un tripartito escorado a la izquierda, en los mayores progresistas del mundo desarrollado, los paladines de la política avanzada, los campeones del mestizaje y de la multiculturalidad. Así lo ilustró cierta campaña que difundió una Diputación foral durante el último periodo del Impuesto sobre la Renta, campaña en la que los previsibles grupos de presión y las no menos previsibles minorías tenían su escrupulosa representación simbólica, mientras se ninguneaba a la mayoría a la que iba dirigido el imperativo legal de tributar.

Es tal el progresismo de las instituciones vascas que uno se había resignado, por contraste, a arrellanarse en el conservadurismo más letal (también los popes laicos saben rastrillar las conciencias). Por eso, resulta ahora divertido asistir a la rotunda indiferencia de nuestras instituciones ante el desesperado llamamiento de los canarios. En efecto, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales pliega velas como si años de quisquillosa prédica ideológica se hubieran extraviado en algún baúl sin fondo. Por su parte, las diputaciones forales dicen estar ya desbordadas debido a los contingentes de menores a los que deben atender. Curioso drama el nuestro. Pues ¿cómo de desbordados se sentirán en Canarias, cuando en pocos meses han llegado a sus costas seis veces más inmigrantes que la población total de la isla de Hierro?

Claro que otra de nuestras diputaciones (no la anterior) ha ideado un maquillaje conceptual para nuestra vergonzante indiferencia: la “solidaridad sostenible”. En efecto, echamos mano de uno de los fetiches de la modernidad (el hipnotizante adjetivo “sostenible”) y seguimos siendo tan buenos como al principio. Rechazamos acoger a más menores porque estamos al límite de nuestra capacidad. Es decir, la nuestra es una “solidaridad sostenible”. Saludemos el hallazgo. Yo me consideraba conservador, pero ahora que las progresistas instituciones del paisito me rebasan por la derecha, tranquilizo mi conciencia al descubrir que lo que yo defendía, sin saberlo, era la “solidaridad sostenible”. Lástima no haber caído antes en la cuenta, para haberme sumado a tiempo a la legión de bienpensantes.

De modo que, a pesar de tanta prédica solidaria, de tanto discurso correcto, de tanto aparato retórico, lo nuestro no era, al fin y al cabo, más que “solidaridad sostenible”. Entreveo allá al fondo un nuevo universo conceptual: dada la sostenibilidad de nuestros sentimientos solidarios, se puede concluir que, desde el otro lado del espejo, somos unos “egoístas sostenibles”. ¿Y por qué no ampliamos a otras políticas este nuevo invento foral? Como las diputaciones también recaudan nuestros impuestos, se me ocurre que podrían aplicarnos unos tipos impositivos sostenibles y que, pensando en la sostenibilidad de nuestras economías, idearan tributos algo más sostenibles. A lo mejor lo que ocurre es que sospechamos que nuestra paciencia también es “sostenible” (esto es, muy limitada) y que ya empieza a cansarse de la ideología imperante, que lleva años derrotando hacia el radicalismo angelical.