(Lugar: agencias | tenerife)
Altos cargos de la Fiscalía General del Estado inspeccionarán la semana próxima todos los centros de internamiento de extranjeros que acogen en Canarias a miles de inmigrantes en condiciones de hacinamiento, debido a la avalancha de cayucos que el archipiélago ha sufrido durante el verano. Las inspecciones comenzarán posiblemente el martes próximo y la comisión del ministerio público estará encabezada por el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, y por la jefa de la Fiscalía de Extranjería, Teseida García, de quienes ha partido la iniciativa.


El objetivo es visitar no sólo los centros de internamiento oficiales, sino también las instalaciones provisionales de urgencia y campamentos que ha establecido el Ejército para salir al paso de la avalancha de sin papeles que llegan a estas costas. La iniciativa se produce en una semana en la que arrecian las críticas por las condiciones de hacinamiento e insalubridad que presuntamente se viven en estos centros.


Procedimientos penales


Fuentes de la Fiscalía General del Estado indicaron que, en principio, el motivo de las inspecciones no es derivar las informaciones obtenidas a procedimientos penales, sino conocer de primera mano la situación, dentro de la tarea de vigilancia de las condiciones de vida y de los derechos de los inmigrantes clandestinos que tiene obligación de salvaguardar el ministerio público.


Con este objetivo, los fiscales tienen previsto, una vez que conozcan la situación de los centros de internamiento, mantener reuniones con los directores de las instalaciones y con responsables policiales y políticos para analizar los problemas que se detecten e intentar pactar iniciativas o soluciones para paliarlos.


El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, subrayó ayer que el problema de la inmigración irregular es del Estado y consideró necesario abordar reformas legislativas urgentes, entre las que apuntó extender el período de internamiento de los irregulares de los 40 días actuales a 65. Martín señaló que este plazo, que tienen ya otros países como Alemania, daría más tiempo para preparar los papeles y facilitaría las repatriaciones, lo que a su vez disminuiría el «efecto llamada».


Otras de las reformas que propone el presidente canario son la adecuación de la Ley del Menor a las nuevas circunstancias, introducir la posibilidad de perseguir judicialmente a los patronos de embarcaciones de irregulares rescatadas fuera de aguas territoriales y agilizar la atención judicial en ciertas zonas con «juzgados volantes» o jueces enviados en comisión de servicios.


Por otra parte, al Gobierno no le inquietan las últimas oleadas de inmigrantes magrebíes en las costas de Almería y Granada y confía en repatriar, de inmediato, a Marruecos a los casi 300 clandestinos llegados entre el lunes y el martes a Andalucía a bordo de 26 pateras.