El Gobierno vasco y las tres diputaciones debaten hoy el delicado asunto del traslado de cientos de menores inmigrantes que viven hacinados en centros de Canarias a la Península. Vizcaya ya ha anunciado que se ve incapaz de participar en los programas de acogida porque los recursos disponibles «están desbordados». Una postura que comparte el grupo juntero del PP, mientras que los socialistas y EB le han pedido que la reconsidere.

El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, se mostró tajante al afirmar que Vizcaya «no puede ir más allá» de las 238 plazas que ahora ocupan menores inmigrantes, el doble que hace un año. Incluso planteó la necesidad de repartir el número de extranjeros que tiene a su cargo con otros territorios. «Habrá que pedir ayuda al Gobierno central y también al vasco, pero no debemos establecer un límite de menores a los que hay que atender. Todos necesitan el servicio», argumentó ayer el portavoz socialista, Josu Montalbán.

Centro de emergencia

El PSE considera que la institución foral no debe cerrar la puerta a los inmigrantes que vienen de Canarias «si el Gobierno vasco acepta este compromiso. Lo queramos o no, formamos parte de la Administración autonómica». Para afrontar este reto, añadió, puede pedir ayudas económicas «porque supone un gasto importante». José Ferrera, de EB, coincide en que «no es correcto decir que se ha tocado techo. Si tenemos que participar debemos hacerlo, ya que tenemos más posibilidades que Extremadura o Castilla – La Mancha».

El PP, por el contrario, opina que «hay que establecer límites» a la llegada de inmigrantes para garantizar el desarrollo de proyectos educativos. Nerea Llanos propone impulsar el reagrupamiento familiar «y trabajar con ellos en sus países de origen» para orientarles. «Se está jugando con la vida de los menores. Vienen chavales de doce años pensando que aquí pueden trabajar», apunta. El PP defiende que las diputaciones y el Gobierno vasco creen una comisión para definir de forma conjunta su política con los menores extranjeros. El consejero Javier Madrazo, por su parte, aseguró ayer que «respetará la decisión de las diputaciones» en relación con los traslados desde Canarias. En lo que están de acuerdo todos los grupos políticos es en la necesidad de abrir un centro de emergencia, que se ubicará en Artxanda, ante la saturación de la red asistencial de Vizcaya.