José Luis Rodríguez Zapatero comunicó ayer al Senado que el Gobierno trabaja en un «plan urgente» para aumentar las plazas en los centros de acogida de inmigrantes de Canarias, ante la imposibilidad de frenar a corto plazo las llegadas de clandestinos. Esta medida es la respuesta del Ejecutivo a la saturación de los establecimientos del archipiélago, que centró buena parte de las sesiones de control parlamentario en las dos cámaras.

Por segunda semana consecutiva, el jefe del Ejecutivo y tres miembros de su gabinete se enfrentaron a una avalancha de preguntas sobre inmigración , en las que el PP usó toda su artillería para acusar al Gobierno de provocar el «caos» en la política de extranjería y llevar al «límite» a la comunidad canaria. El presidente quiso contrarrestar las imágenes de los subsaharianos hacinados y durmiendo a la intemperie con la noticia de que el Gobierno «trabaja en un plan de renovación, ampliación y construcción urgente de nuevos centros para sustituir algunos de los que tenemos en las islas Canarias».

En la actualidad, según explicó en Antena 3 el presidente canario Adán Martín, los centros policiales y las comisarías insulares acogen a cerca de 10.000 subsaharianos, cuando las instalaciones estables estaban diseñadas para atender a no más de 1.500. Otros 15.000 indocumentados han sido trasladados a la Península este año al no haber podido devolverlos a sus países.

Rodríguez Zapatero no desveló en ningún momento cuántas plazas nuevas para inmigrantes tiene en proyecto habilitar la Administración central en las islas, ni dijo si cuenta con el respaldo del Gobierno canario, que ya ha rechazado la apertura de más centros en su territorio como única respuesta a las avalanchas de extracomunitarios. El presidente insistió en el «trato humanitario» que se dispensa a los indocumentados en estas instalaciones y en los esfuerzos de su gabinete para que «estos centros de internamiento puedan estar en las mejores condiciones posibles». En esa línea, prometió «transparencia» e invitó a los parlamentarios a visitar las instalaciones.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reiteró esa invitación en el Congreso, en respuesta a los reproches de los populares Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. El secretario general del PP repasó las denuncias policiales sobre las condiciones de las instalaciones en el archipiélago para calificar de «escalofriante» la vida en esos centros: «Se está viviendo un gigantesco drama humanitario que es una vergüenza para un país del siglo XXI», denunció Acebes.

13.055 expulsados

Además de insistir en las mejoras, Rodríguez Zapatero quiso lanzar un mensaje de firmeza contra la inmigración irregular y garantizó que todos los clandestinos «serán repatriados lo más rápido posible» para rebajar la presión en los centros de las islas. Dijo estar «plenamente convencido» de que las gestiones diplomáticas darán «los resultados deseados», lo que significará «reducir drásticamente la salida de inmigrantes en origen» y aumentar las deportaciones. En ese sentido, adelantó que España ya ha expulsado durante 2006 a 13.055 personas procedentes de África.

El presidente defendió que las gestiones de su Gobierno con Marruecos han logrado que el país vecino admita al 100% de sus inmigrantes y recordó los «resultados muy positivos» de los acuerdos con Mauritania, que han «reducido sustancialmente» las salidas ilegales desde esa zona de África. Eso sí, admitió que con Senegal «ha costado más culminar las bases de confianza» para las repatriaciones y reconoció que las devoluciones al Gobierno de Dakar se pueden extender «meses».

El enfrentamiento entre el PP y el Gobierno en las dos cámaras, con la inmigración como telón de fondo, tuvo su momento álgido en la pugna entre Zaplana y Fernández de la Vega a cuenta del pacto de Estado sobre extranjería, que ambas partes ven prácticamente inviable. El portavoz popular utilizó las fotografías de los centros para acusar al Ejecutivo de buscar un pacto con «la muerte y el hacinamiento» y tildó el ofrecimiento de consenso realizado por los socialistas de «cínico» y de «analgésico para la oposición». La vicepresidenta reprochó al PP que quiera pactar la política de inmigración con Europa y no con el Gobierno, a pesar de tratarse de «un enorme drama humano que debemos afrontar entre todos».