FERNANDO GAREA

MADRID.-La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha asumido ya de hecho el papel de nueva interlocutora del Gobierno con los grupos parlamentarios.

Ya ha mantenido reuniones en los últimos días con al menos tres portavoces parlamentarios y la próxima semana cerrará en La Moncloa la discreta ronda con el PP.

La número dos del Gobierno ha citado ya al portavoz popular Eduardo Zaplana para revisar las leyes en trámite y, sobre todo, para proponerle un acuerdo de Estado sobre inmigración.

Cuando termine la ronda con todos los grupos, Fernández de la Vega celebrará un nuevo encuentro con los distintos portavoces, ya con foto incluida, por separado, pero el mismo día. Para la primera ronda en La Moncloa, por la que ya han pasado al menos Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya y CiU, sólo falta por contactar Coalición Canaria.

En las reuniones, la vicepresidenta primera pasa revista a las leyes pendientes en el trámite parlamentario (como la de Igualdad, y, especialmente, la de Memoria Histórica, que no tiene aún asegurado el primer trámite), recoge propuestas de cada uno de los grupos y pone en marcha la posibilidad de reformar la Ley de Extranjería.

Fernández de la Vega, en la práctica, ha asumido el papel de interlocutora con los grupos que anteriormente estaba en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, con la excepción de los Presupuestos Generales del Estado, que los negocia el vicepresidente segundo, Pedro Solbes.

Para la Ley de Memoria Histórica, el Ejecutivo da por hecho que contará en el trámite de totalidad a principios de noviembre con los votos de CiU, PNV y Coalición Canaria.

Sobre inmigración, la tesis del Gobierno es la de no legislar ni cambiar las normas en caliente, pero en este caso se trata de hacer más eficaz la Ley de Extranjería para combatir la llegada de irregulares.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que están a la espera de conocer las propuestas de cada uno de los grupos sobre las reformas que serían necesarias y no descartan que, si así se acordara, los cambios partan de una propuesta conjunta de todos ellos.

El Ejecutivo prevé, entre otras modificaciones, la ampliación de los 40 días máximos de internamiento de los inmigrantes ilegales. El objetivo es facilitar los trámites previos a la repatriación. Sin embargo, en las reuniones que se han producido hasta ahora, el Gobierno no ha presentado aún una propuesta concreta.

Algunos grupos parlamentarios han planteado la necesidad de llevar a cabo esas reformas de manera urgente, precisamente para evitar que un trámite dilatado actúe como efecto llamada que acelere la llegada de inmigrantes hasta que se produzca el endurecimiento de la legislación.

Según dichas fuentes, el Gobierno aborda las reuniones sin una agenda cerrada, pidiendo propuestas de los distintos grupos, sobre inmigración y sobre el resto de normas en trámite.

En los últimos días, diferentes portavoces populares han expresado su reticencia a firmar con el Gobierno un pacto sobre inmigración. Ayer mismo lo hicieron en el Congreso y en el Senado.

En el caso del PP, es probable que, además, se incluya en los contactos una primera aproximación para conocer, en un primer sondeo, si será posible abordar en lo que queda de legislatura la reforma de la Constitución.

En todo caso, el Gobierno da por hecho que el inicio o el final definitivo de los trámites de esa reforma constitucional dependerán de un futuro encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.