CÉSAR CALVAR/COLPISA. MADRID

Las autonomías expresaron ayer ante el Consejo Superior de Políticas de Inmigración su disposición a hacerse cargo de la tutela de 500 inmigrantes menores de edad que viven hacinados en centros de acogida de Canarias. Son jóvenes de entre 13 y 17 años, la mayoría procedentes de Senegal, Malí y Guinea Bissau, que no pueden ser repatriados por la imposibilidad de localizar a sus familias o porque éstas los rechazan. Las comunidades del PP prometieron estudiar «con ánimo positivo» el programa de traslados para acoger a parte de ellos.

La reunión se celebró en el Ministerio de Trabajo, presidida por Jesús Caldera. Congregó a representantes de nueve departamentos del Gobierno central, consejeros y técnicos de gobiernos autonómicos y delegados de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante cuatro horas, debatieron sobre cómo mejorar la situación de centenares de menores inmigrantes que precisan protección de acuerdo con la legislación española, y que el Gobierno quiere repartir por la Península para aliviar la presión que sufre el archipiélago.

El ministro explicó tras el encuentro que Canarias está «desbordada». Por eso, los gobiernos central e insular plantearon «una propuesta para trasladar a los que no pueden ser adecuadamente atendidos allí al resto de la Península». El Gobierno insular cuenta con unas 250 plazas para menores en sus centros, en los que ahora hay amontonados más de 800, y pide que el resto de España se haga cargo de 500 para aliviar su situación.

Caldera celebró que «todas las comunidades» hayan manifestado su «disposición a acogerlos, algunas ya de modo decidido y otras (del PP) indicando que van a estudiar con ánimo positivo la participación en este programa». Preguntado por la actitud de los representantes populares, el ministro recalcó que «han ofrecido su solidaridad, van a estudiar el programa en sentido positivo y ver cuántas plazas pueden poner a su disposición». Los gobiernos de Ceuta, Melilla y Andalucía ofrecieron su «solidaridad» pero plantearon otros obstáculos, motivados por el colapso de sus propios centros de acogida. De hecho, la Junta andaluza alberga actualmente a más de mil menores extranjeros y Ceuta ya ha avisado de que no puede convertirse en «la guardería de África».

Cuantía de los fondos

La postura de las autonomías populares la expresó con más detalle la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, quien atribuyó el incremento de menores llegados en cayucos al «efecto llamada» y a la actuación «incompetente» del Gobierno central en política de inmigración. No obstante, afirmó que van a «estudiar e intentar en la medida de lo posible hacer un esfuerzo, dada la situación de emergencia nacional» que a su juicio vive el archipiélago.

A partir de hoy, técnicos de la Secretaría de Estado de Inmigración empezarán a reunirse con funcionarios de las comunidades. Cada una de ellas indicará el número de plazas que puede ofrecer en sus entidades tutelares y si dispone de otras dependientes de las ONG o instituciones especializadas, que recibirían financiación directa de la Administración central. Las comunidades del PP pidieron al Gobierno que concrete cuanto antes la cuantía de esos fondos.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, María Luisa Zamora, calificó de «positiva» la reunión y cifró en «casi 900» los menores de edad hacinados en sus centros, 60 de ellos llegados el último fin de semana. Zamora pidió al Gobierno central «rapidez» y a las autonomías «que digan cuanto antes el cupo de cada una». La responsable canaria aseguró que el ministro de Trabajo «ha garantizado la financiación» para este programa de traslados y que «el dinero no va a ser problema».