Tras un mes de agosto en el que el flujo de cayucos a Canarias ha situado al Gobierno contra las cuerdas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ofreció ayer al Partido Popular una inesperada propuesta de gran pacto nacional por la inmigración. El giro del Gobierno, que coincide con el descontento de la opinión pública por la desastrosa gestión de uno de los problemas que más le preocupan, supondría asumir la exigencia del principal partido de la oposición de renunciar a nuevas regularizaciones masivas y debería representar la puesta en marcha definitivamente de medidas eficaces para frenar unas oleadas que, aunque ofrezcan su contrapunto más dramático en los cayucos, tienen su gran boquete de entrada en aeropuertos y fronteras terrestres. Los dos grandes partidos son muy dueños de suscribir o no un pacto nacional sobre este asunto, y a buen seguro que una parte relevante de la opinión pública lo agradecería. Pero al contrario que en otros temas – como la política exterior o la estructura del Estado – , que deberían sustraerse siempre al debate partidario, en inmigración el acuerdo no es estrictamente necesario. Lo que es inapazable, con pacto o no, es una política de inmigración que desaliente la ilegalidad.

La capacidad de asimilación de extranjeros por una sociedad como la española no es ilimitada y a partir de determinado umbral la integración se convierte en problemática. La inmigración es un fenómeno complejo que requiere de un control que ajuste oferta y demanda, que coordine los flujos y que, por encima de todo, garantice la dignidad de sus protagonistas y el respeto de sus derechos. Ante el tráfico de seres humanos y su perverso negocio, es imprescindible la adopción urgente de medidas que aseguren que la Administración domina las fronteras y que los países emisores colaboran en regular las salidas de sus ciudadanos. Unas iniciativas que pasan tanto por perseguir a las mafias como por disuadir a sus víctimas. El giro dado ahora por el Gobierno hacia posiciones de firmeza denota la gravedad del momento presente y la limitación o incapacidad de los medios empleados, así como los efectos indeseados de la masiva regularización realizada. Sólo desde una posición de autoridad ante el fenómeno se podrá lograr que la Unión Europea se avenga a reconocer la necesidad de una política comunitaria en materia de inmigración – incluida la ayuda al desarrollo – y control de fronteras, y que habilite los medios precisos para hacerla realidad. La cumbre de Finlandia es una buena oportunidad, siempre que el Gobierno español asuma que hasta la solidaridad, para ser efectiva, ha de ser regulada.