La vicepresidenta primera desempolvó ayer la vieja propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero de suscribir con el PP un gran pacto nacional de inmigración, pero no tuvo éxito. El portavoz del partido opositor en el Congreso, Eduardo Zaplana, consideró tardía la oferta y puso unas condiciones difíciles de asumir por el Gobierno: exigió un reconocimiento de los «errores» cometidos y el apartamiento del ministro de Trabajo de las competencias en asuntos de extranjería.

María Teresa Fernández de la Vega propuso el acuerdo en plena crisis migratoria, días después de que el Ejecutivo endureciera su postura en materia de inmigración. La vicepresidenta aprovechó el discurso que pronunció ante su grupo parlamentario en el arranque del curso político para intentar involucrar al PP en la resolución de este problema.

En su intervención se mostró convencida de que los populares estarán dispuestos a sellar ese gran acuerdo, puesto que «todas las medidas anunciadas por el señor Rajoy son medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha». De esta forma dio a entender de manera implícita que el Ejecutivo aceptará reformar la Ley de Extranjería para prohibir nuevas regularizaciones masivas, tal y como pidió el líder de la oposición el pasado lunes.

Pero la respuesta del PP no tardó en llegar. Zaplana avanzó el ‘no’ de su partido al especificar qué condiciones exige su formación política para firmar. Los populares no suscribirán el acuerdo a menos que al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se le retiren las competencias en materia de extranjería. El portavoz del PP, que en varias ocasiones ha solicitado el cese del ministro, se limitó en esta ocasión a pedir que se le aparte de esta gestión.

El Consejo de Ministros ya acordó el viernes retirar al Ministerio de Trabajo las competencias de la lucha contra la inmigración clandestina y la cooperación internacional. Esta variación en el esquema inicial del gabinete deja a Caldera la gestión de la inmigración legal en lo que afecta a la Seguridad Social y a los planes de integración de los extranjeros documentados.

Además de esta exigencia, Zaplana instó al Gobierno a «reconocer su error, poner orden en su propia casa y atender las propuestas sensatas que hace el PP». Aunque no rechazó abrir un diálogo sobre la inmigración, adelantó que «es muy difícil que pueda haber acuerdo» si los responsables gubernamentales no asumen que se han equivocado.

Sociedad «compasiva»

Antes de conocer la respuesta del PP, la ministra de la Presidencia instó a los socialistas a mostrarse orgullosos de la legalización de 600.000 inmigrantes que puso en marcha el Ejecutivo porque, a diferencia de las cinco regularizaciones que hizo el PP en sus ocho años de Gobierno, en ésta sólo se dio papeles a los extranjeros con trabajo. Además, esgrimió logros como haber resuelto la crisis de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla con respeto al Derecho Internacional y haber concienciado a la Unión Europea de que éste es un problema que afecta a todos los socios comunitarios.

En consonancia con el nuevo discurso del Gobierno en inmigración, la vicepresidenta ratificó que el gabinete evitará que sigan entrando indocumentados en España y expulsará a quienes crucen la frontera de forma ilegal. Pidió comprensión y explicó que el Ejecutivo no sólo combate las avalanchas con medidas a corto plazo, como la vigilancia y el control de las fronteras, sino que además apuesta por políticas a medio y largo plazo con recursos destinados a los países de origen para ayudar al África subsahariana a impulsar su desarrollo.

Fernández de la Vega analizó las causas de la inmigración y destacó que es un fenómeno que muestra el «éxito social y económico de la democracia española» durante los últimos 30 años. Por último, recalcó que la sociedad española es «profundamente compasiva» porque tiene todavía reciente la emigración de muchos compatriotas, aunque recordó a los suyos de que los españoles también demandan seguridad y que la obligación de sus representantes políticos es trabajar por que la tengan.