El Gobierno vasco está dispuesto a acoger a algunos subsaharianos adultos que han llegado a Canarias durante este año, pero a condición de que puedan regularizar su situación si encuentran un empleo legal. Esta exigencia, formulada ayer por el consejero Javier Madrazo, complica en teoría el traslado de los inmigrantes a Euskadi, pues el Gobierno central tendría que levantarles primero las órdenes de expulsión, y eso es lo que se ha propuesto no hacer.

El plan para repartir a los subsaharianos por las autonomías – expuesto el pasado lunes – sólo contempla el alojamiento y la manutención durante dos semanas, pagados por la Administración central. Pasado ese tiempo, explicó Javier Madrazo, los africanos recibirán 60 euros y se quedarán en la calle, «condenados a vivir de las ayudas sociales» que financian las comunidades y los ayuntamientos.

Las ONG que hasta ahora han acogido a inmigrantes no creen que, después de los primeros quince días de acogida, los subsaharianos se queden esperando a que la Policía les expulse – las autoridades tienen que repatriar a más de 24.000 – . Lo más probable es que se pongan en contacto con otros compatriotas ya instalados en España para ir tirando en situación irregular.

Sin embargo, al tener una orden de repatriación pendiente, nuncan podrán encontrar un trabajo legal y, a medio plazo, estarán abocados a la marginalidad. Aún así, tendrán acceso a los servicios sociales básicos, pues las administraciones vascas no hacen diferencias entre inmigrantes legales e irregulares.

Éste es el argumento que el director de Inmigración del País Vasco, Roberto Marro, mantiene ante su homóloga del Gobierno central, Consuelo Rumí. En el encuentro celebrado el lunes con todos los representantes autonómicos, Marro propuso a Rumí que, si un subsahariano procedente de Canarias encuentra un empleo, se le permita regularizarse. Y pidió que también se haga lo mismo con los miles de inmigrantes que todavía residen en Euskadi sin papeles tras la regularización extraordinaria de 2005.

Madrazo emplazó ayer a Zapatero a elaborar la política de inmigración con los gobiernos autonómicos, no con los dirigentes del Partido Popular ni los países de la UE. El consejero se mostró confiado en que el Ejecutivo socialista acepte dar papeles a los africanos que puedan llegar a Euskadi, lo que les permitiría trabajar en sectores necesitados de mano de obra: el forestal, la construcción, la pesca, la industria, la hostelería y el servicio doméstico.

Queja de Rabanera

De momento, Consuelo Rumí se ha comprometido a entregar 1,6 millones de euros a Euskadi para atender a esos subsaharianos cuando lleguen. «Si hay voluntad política, el actual marco legal permite establecer acuerdos», aseguró Madrazo, quien añadió que, antes de acoger a menores de edad, lo consultará con las diputaciones vascas.

Precisamente, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, aseguró que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales aún no se ha puesto en con – tacto con los gobiernos forales, a pesar de que éstos gestionan las residencias y centros de acogida de los adolescentes.